El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una realidad que afecta a una parte significativa de la población en la República Dominicana, y es crucial entenderlo como una condición que requiere una atención especial y políticas públicas inclusivas.
El TEA es un síndrome de origen orgánico que afecta la comunicación verbal y no verbal, la interacción social y la imaginación. Aunque el término «autismo» se empezó a utilizar desde 1911, fue el Dr. Leo Kanner quien, en 1943, investigó un grupo de niños y sentó las bases para la comprensión de este trastorno.
Las estadísticas en la República Dominicana indican que aproximadamente el 10% de la población con alguna discapacidad está dentro del espectro autista. En las últimas décadas, los diagnósticos de TEA han crecido en más de un 250%, lo que significa que al menos uno de cada 160 niños en el planeta vive con TEA.
La Constitución Dominicana, en su artículo 58, establece la necesidad de crear políticas públicas de inclusión para las personas con discapacidad. Además, la reciente promulgación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un paso significativo hacia la garantía de sus derechos. Esta ley asigna la responsabilidad al Consejo Nacional para la Discapacidad (CONADIS) para velar por la implementación de las políticas públicas y el cumplimiento de la ley, asegurando un trato digno y la reeducación de la población en cuanto al tratamiento de las personas con alguna discapacidad.
La integración, evolución y la cobertura por las ARS y Seguros SENASA cuando se determina que un niño tiene TEA, junto con el compromiso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) para garantizar el acceso a la salud de las personas con TEA, son avances importantes. Además, el Estado Dominicano ha creado Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) para proporcionar servicios integrales a niños desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años y 11 meses, ubicados en territorios vulnerables.
Para construir una educación más inclusiva, es necesario desarrollar una estrategia pedagógica que permita a los estudiantes del sistema público y privado adquirir conocimientos y sentirse integrados, tanto la población estudiantil como los padres y maestros. Además, es fundamental incrementar la cantidad de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) al menos a uno por provincia, para democratizar el acceso a las terapias, ya que en este momento los centros existentes tienen largas listas de espera, lo que obliga al 81% de los padres a pagar terapias en el sector privado.
De la misma manera, planteamos un bono especial para acompañar a estas familias y remunerar a los cuidadores, que, dependiendo del trastorno, a veces ameritan cuidados de por vida. Este derecho debe ser garantizado por el Estado con una retribución a quienes realicen esta labor de cuidador, que casi siempre es la madre o un familiar. Esto está por definirse también dentro de la política nacional de cuidado.
Sin embargo, aún existen grandes retos para la familia y la sociedad en general, como el desconocimiento sobre cómo manejar el tema y la incapacidad de integración por falta de conocimiento. Es crucial crear políticas públicas inclusivas y romper la barrera de la ignorancia que rodea esta condición. En este sentido, el CONADIS, como institución responsable, tiene un papel fundamental en liderar esfuerzos conjuntos con otras instituciones encargadas por la ley para crear las condiciones necesarias para la integración de quienes padecen esta condición.
Crear una campaña de orientación y abrir el abanico de oportunidades para este segmento de la población es impostergable. Podemos ser una sociedad inclusiva, solo falta la voluntad institucional para que esto se propague en favor de todas las personas con algún tipo de discapacidad.
