El servicio público, entendido como la gestión de los asuntos del Estado en beneficio de la ciudadanía, tiene una conexión profunda con la militancia política. Esta relación ha sido históricamente visible en los sistemas democráticos, donde el acceso a funciones públicas de dirección se produce, casi siempre, a través de partidos políticos. La militancia política representa así una vía legítima para la formación y selección de los futuros servidores públicos que habrán de dirigir las instituciones estatales.
La militancia política no debe entenderse como una práctica clientelista o meramente utilitaria, sino como un proceso de compromiso ideológico, formación ética y participación activa en la construcción del proyecto de sociedad que propone un partido. Según Max Weber, en su obra La política como vocación (1919), existen dos formas de vivir para la política: como profesión o como vocación. En este sentido, quienes militan en partidos políticos con vocación de servicio asumen la política no como medio para beneficios personales, sino como un fin en sí mismo: el servicio al interés general.
En contraposición, las posturas neoliberales han promovido la idea de que el Estado debe ser gestionado como una empresa, y por tanto, que sus líderes deben ser técnicos, empresarios o gestores despolitizados. Esta visión busca separar la administración pública de lo político, como si la eficiencia técnica bastara para resolver los complejos problemas sociales. Sin embargo, esto no solo desvirtúa el papel del Estado como garante del interés colectivo, sino que también debilita la democracia. Como advierte Chantal Mouffe, en El retorno de lo político (1999), esta despolitización alimenta una falsa neutralidad que encubre decisiones profundamente ideológicas. Todo acto de gobierno implica una visión del mundo, y pretender neutralidad en la toma de decisiones públicas es, en sí misma, una forma de imposición ideológica.
El acceso al servicio público a través de la militancia permite identificar a ciudadanos comprometidos, formados en los principios del debate democrático y con comprensión del funcionamiento del Estado. Norberto Bobbio sostiene que la política es el arte de gobernar en nombre de los otros, y para ejercer ese arte se necesita no solo voluntad, sino también conocimiento técnico y sensibilidad social. La militancia política proporciona ese terreno donde se cultivan ambas dimensiones: el compromiso y la capacidad.
Desde esta perspectiva, es deseable y necesario que el Estado sea dirigido por políticos profesionales. Tal como apunta Pierre Rosanvallon, la democracia moderna necesita no solo legitimidad electoral, sino también competencia técnica y claridad ideológica. Un Estado administrado por «outsiders» o figuras ajenas al proceso político corre el riesgo de caer en la improvisación, la tecnocracia deshumanizada o el populismo irresponsable.
En ese sentido, el movimiento de la antipolítica, que desprecia a los partidos, a los políticos y a la política misma, debe ser rechazado. Este fenómeno, analizado críticamente por Pierre-André Taguieff, se alimenta del descontento legítimo, pero lo canaliza de forma destructiva, debilitando las instituciones democráticas. Al presentar a «la política» como el problema, y no como parte de la solución, la antipolítica socava los mecanismos de representación y abre las puertas al autoritarismo.
En conclusión, el vínculo entre militancia política y servicio público fortalece la democracia, profesionaliza la gestión del Estado y garantiza que quienes dirigen lo hagan con preparación, legitimidad y vocación de servicio. Apostar por políticos profesionales no es perpetuar privilegios, sino asegurar que el poder público esté en manos de quienes han demostrado, a través de su militancia, su compromiso con el bien común. Despolitizar el Estado, como proponen los neoliberales y los promotores de la antipolítica, no conduce a una mejor gestión, sino a un vaciamiento de la democracia.
