En la sombra de una sociedad que a menudo los ignora, miles de niños y adolescentes se ven atrapados en las garras del trabajo infantil, una lucha diaria por la supervivencia que les roba la infancia.
Aunque el marco legal del país prohíbe esta práctica, la realidad en sectores informales como la agricultura, el comercio ambulante, el servicio doméstico e incluso los vertederos, cuenta una historia muy diferente, evidenciando una desconexión entre la normativa y la realidad.
Historias de vidas truncadas
La madrugada se convierte en la aliada silenciosa de Juan, (a partir de ahora todos los nombres de niños mencionados en este reportaje son ficticios para proteger su integridad) un niño de 12 años, quien acompaña a su padre a recoger frutos en una finca de Baní. Las manos agrietadas de Juan, endurecidas por las largas jornadas bajo el sol, revelan la historia de sueños postergados y un ingreso que nunca alcanza para cubrir las necesidades básicas.
“Yo quería estudiar para ser doctor, pero paso casi el día entero aquí”, confiesa con una voz que refleja más madurez que su corta edad.
También en las concurridas intersecciones de Santo Domingo, es común ver a niños “limpiavidrios” ofreciendo su servicio a los vehículos detenidos en los semáforos. Luis, es uno de ellos. Con apenas 11 años, pasa sus días entre el tráfico, exponiéndose a peligros constantes y a la indiferencia de muchos conductores. “A veces gano algo para llevar a casa, pero no siempre”, comenta con una mirada que denota cansancio.
María de 13 años, recorre las calles vendiendo flores por varias horas al día. Su sonrisa tímida intenta atraer a los transeúntes, pero detrás de ella se esconde la presión de una familia que depende de sus ventas diarias. “Quisiera ir a la escuela, pero no puedo dejar de trabajar”, admite mientras ofrece una rosa a una pareja que pasa.
En algunos vertederos las imágenes son aún más desgarradoras. José, de 13 años, camina solo entre montañas de basura con un palo en la mano, buscando materiales reciclables que pueda vender. “Aquí trabajo todos los días. A veces encuentro cosas para comer, a veces no”, explica. En los vertederos, niños como José están expuestos a un entorno hostil: gases tóxicos, cortes por vidrios rotos y riesgos constantes de enfermedades que amenazan su bienestar.
Estas historias no son aisladas. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS) 2019, el 4.4% de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana se encuentran en situación de trabajo infantil. Esto representa un gran desafío para un país que ha ratificado convenios internacionales y ha adoptado leyes nacionales para erradicar el trabajo infantil.
Los sectores donde el trabajo infantil tiene mayor incidencia
Agricultura: el ciclo perpetuo de pobreza
La agricultura, especialmente en áreas rurales, es uno de los sectores donde el trabajo infantil es más común. Niños desde los ocho años participan en labores como la siembra, el riego y la cosecha de productos diversos. La informalidad de estas actividades dificulta la regulación, y las familias, a menudo atrapadas en la pobreza, ven en el trabajo de sus hijos una solución inmediata a sus carencias económicas.
Además, existe un arraigado elemento cultural que fomenta el trabajo infantil en la agricultura. Se cree que los niños y adolescentes se harán “más hombres” si trabajan desde temprana edad, incluso si esto los excluye de la escuela. “Enseñarles a trabajar desde pequeños es prepararlos para la vida”, afirma Don Pedro, un agricultor de Monte Plata. Sin embargo, esta percepción perpetúa un ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo de estos menores de edad.
Comercio ambulante: la niñez en las calles
En las principales avenidas y mercados de Santo Domingo, el comercio ambulante es una de las imágenes más comunes. Niños y adolescentes venden frutas, agua, flores y otros productos, compitiendo con adultos en un entorno marcado por la precariedad y la incertidumbre.
La exposición al tráfico, al calor extremo y a posibles situaciones de violencia, son riesgos diarios que enfrentan estos niños. Además, cada niño que trabaja es un estudiante menos en el sistema educativo, lo que limita sus oportunidades futuras y los condena a la ignorancia.
Servicio doméstico: la esclavitud invisible
El servicio doméstico, un sector históricamente invisibilizado, también alberga un alto número de niños y adolescentes trabajadores. En este caso las mayorías se tratan de niñas y adolescentes, muchas de ellas provenientes de comunidades rurales, son traídas, en muchos casos por familiares, a las ciudades para trabajar en casas particulares, donde realizan tareas como cocinar, limpiar y cuidar a otros niños.
Detrás de estas prácticas se esconde la excusa de que se traen del campo para “ayudarlas” y sienten que le pagan con la alimentación, la ropa que se les regala, cuando una de las hijas de los dueños de la casa no la quiere, y la posibilidad de inscribirlas en la escuela.
Estas jóvenes enfrentan largas jornadas de trabajo, aislamiento y, en algunos casos, abusos físicos y emocionales. La falta de supervisión y la informalidad de este trabajo dificultan la protección de sus derechos y perpetúan su vulnerabilidad.
Vertederos: la infancia entre desechos
El informe “Levantamiento (Mapeo) de Recicladores Pertenecientes a 30 Vertederos en Remediación y Cierre en República Dominicana” pone en evidencia la alarmante realidad del trabajo infantil en los vertederos del país. Según el documento, en el vertedero de Duquesa, Santo Domingo Norte, se identificaron al menos 50 niños trabajando en condiciones insalubres y peligrosas. Estos menores de edad, dedicados a recolectar materiales reciclables como plásticos y metales, están expuestos a cortes, infecciones y la inhalación de gases tóxicos, lo que pone en riesgo su salud física y mental.
El estudio resalta la necesidad urgente de intervención para erradicar el trabajo infantil en estos entornos. Expertos en derechos humanos y los responsables del informe han hecho un llamado a las autoridades para implementar medidas inmediatas que garanticen la seguridad y el bienestar de estos menores. Entre las propuestas destacan programas educativos que aseguran su reinserción escolar, así como políticas que combinan la protección de los derechos de los niños con soluciones a largo plazo para las familias que dependen de estas actividades.
Denuncias sobre las peores formas de trabajo infantil
Además de los escenarios mencionados, en el país persisten formas ocultas y profundamente preocupantes de explotación infantil. Uno de los problemas más serios, señalado por líderes sindicales, es la prostitución de niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad extrema. Esta problemática, aunque difícil de cuantificar, pone de manifiesto las profundas desigualdades sociales y económicas que enfrentan muchas familias dominicanas.
“Hay niñas que terminan en esta situación porque no tienen que comer y no cuentan con un sistema de protección que las ampare”, denunció hace unos meses Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).
Normativa dominicana y convenios internacionales
La República Dominicana cuenta con un marco legal sólido para combatir el trabajo infantil. La Constitución del país establece el derecho de los niños a una protección integral, y el Código de Trabajo prohíbe el empleo de menores de 14 años. Además, regula las condiciones laborales para adolescentes entre 14 y 17 años, limitando las horas de trabajo y prohibiendo actividades peligrosas.
En el ámbito internacional, el país ha ratificado convenios fundamentales como el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la edad mínima para el empleo, y el Convenio 182, que prohíbe las peores formas de trabajo infantil. También es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que subraya el derecho de los menores a ser protegidos contra la explotación económica.
La falta de datos actualizados
El país también enfrenta un desafío crítico: la ausencia de datos recientes sobre el trabajo infantil. La última medición oficial, realizada en 2019, no refleja el impacto de eventos globales como la pandemia del COVID-19, que aumentó la vulnerabilidad de miles de familias. Sin estadísticas actualizadas, las políticas públicas quedan desfasadas, dificultando soluciones efectivas para abordar la magnitud real del problema. ¿Cuántos niños más han sido empujados al trabajo debido a la crisis económica post-pandemia? Es una pregunta que, sin datos, permanece sin respuesta.
Propuesta sindical para erradicar el trabajo infantil
Organizaciones sindicales han hecho un llamado urgente para implementar medidas que aseguren una infancia libre de explotación laboral. Entre sus propuestas se encuentra aumentar la edad mínima para trabajar, actualmente fijada en 14 años, a los 16 años, en línea con los estándares internacionales. Además, destacan la necesidad de fortalecer las políticas de protección social y asegurar un acceso equitativo a servicios básicos como salud, educación y alimentación, fundamentales para evitar que las familias más vulnerables recurran al trabajo infantil como una solución desesperada.
Consecuencias para el desarrollo infantil
El impacto del trabajo infantil trasciende lo inmediato. La falta de acceso a la educación limita las oportunidades futuras de estos niños. Además, las largas jornadas y las condiciones laborales inseguras afectan su salud física y mental.
El trabajo infantil coloca a los niños en una posición de alto riesgo para su salud física y mental, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los menores expuestos a condiciones peligrosas enfrentan una mayor probabilidad de sufrir lesiones, enfermedades y trastornos psicológicos. Según la OIT, cualquier trabajo que comprometa su salud, seguridad o moralidad debe ser considerado como trabajo infantil peligroso.
La falta de experiencia y madurez de los niños agrava estos riesgos, haciéndolos particularmente vulnerables a accidentes y enfermedades laborales que pueden dejar secuelas permanentes. La infancia, una etapa vital para el desarrollo humano, se ve irremediablemente afectada cuando los menores son obligados a trabajar, comprometiendo su bienestar, dignidad y potencial de vida.
Para combatir esta realidad, la OIT insta a reforzar políticas públicas y acciones comunitarias que erradiquen el trabajo infantil, asegurando entornos protectores que garanticen el crecimiento pleno y saludable de los menores de edad.
La falta de mecanismos efectivos de protección
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, como la implementación del Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil o la creación de los Comités Directivos Locales (CDL) de Lucha contra el Trabajo Infantil, establecidos en varios municipios del país, persisten barreras significativas para proteger a los niños. La falta de recursos, la inoperatividad en la que se encuentran, la deficiente coordinación entre los actores responsables y la debilidad institucional, dificultan la aplicación efectiva de la normativa.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) ha destacado recientemente la importancia de fortalecer los programas de protección a la infancia y fomentar una mayor colaboración interinstitucional para atender casos donde sus derechos puedan ser vulnerados. Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha reiterado su compromiso de intensificar las inspecciones laborales y trabajar junto a organizaciones internacionales en la implementación de políticas más efectivas.
Hacia una solución sostenible
Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que combine políticas públicas, educación y concienciación social. Algunas recomendaciones incluyen:
Es indispensable activar y fortalecer los mecanismos existentes del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con un enfoque interinstitucional que coordine las acciones del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI). Este esfuerzo debe también integrar los programas de reducción de la pobreza, garantizando una respuesta integral y oportuna para los menores en situación de vulnerabilidad.
Mayor supervisión de los programas que proporcionan apoyo financiero a las familias, condicionando la asistencia de los hijos a los centros educativos y prohibiendo que ejerzan algún trabajo, estos programas deben ser fortalecidos para que puedan ser más efectivos para disminuir el trabajo infantil y mantener a los niños en las escuelas.
La sociedad debe entender que el trabajo infantil no es una solución, sino un problema que perpetúa la desigualdad. Las campañas pueden enfocarse en las consecuencias del trabajo infantil y en la importancia de la educación.
Aumentar el número de inspectores y capacitarlos para identificar casos de trabajo infantil en sectores informales es fundamental. Además, se deben establecer sanciones más severas para quienes contraten a menores.
El sector privado tiene un papel esencial en la erradicación del trabajo infantil, especialmente en sectores como la agricultura, donde aún persisten casos. Erradicar esta práctica es un compromiso colectivo que exige que las empresas mejoren las condiciones laborales, ofrezcan salarios competitivos y formalicen el empleo, alineándose con las normativas locales y los convenios internacionales ratificados por el país.
El Gobierno, por su parte, debe tomar medidas concretas para fomentar la formalización laboral, especialmente en los sectores informales donde el trabajo infantil tiene mayor incidencia. Entre estas medidas, se encuentra la implementación de incentivos fiscales para las empresas que se dirijan hacia la formalidad y adopten prácticas laborales responsables. Además, resulta crucial aumentar la edad mínima para el empleo a 16 años, en línea con los estándares internacionales, asegurando que los menores estén protegidos y puedan acceder a una educación de calidad que garantice su desarrollo integral.
Una deuda pendiente
La erradicación del trabajo infantil no es solo una meta, es una deuda moral con miles de niños cuya infancia ha sido robada. El futuro de la República Dominicana depende de proteger a sus niños. Desde las políticas públicas hasta el compromiso ciudadano, erradicar el trabajo infantil debe ser un objetivo inquebrantable para devolverles su derecho a soñar y crecer en libertad.