El Gobierno se quema en Contrataciones Públicas

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), es el órgano regulador de este sistema que rige la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios

El sistema dominicano de contrataciones públicas fue creado con la intención de darle un marco jurídico homogéneo y una mayor eficiencia a los procesos de compras del Estado, así como una mejor visibilidad para que toda la ciudadanía se enterara de estos procesos, procurando así la participación de más y mejores oferentes a través de una competencia en la cual este se beneficie, basado en los principios de transparencia, equidad, igualdad y razonabilidad.

Esta es una de las actividades económicas más importantes que se realiza en cada período fiscal en la República Dominicana, alcanzando un monto que, según lo presupuestado, ronda los 400 mil millones de pesos al año, sin embargo, su implementación sigue la misma dinámica en la que se encuentra el contexto económico de nuestro país, esto es, de crecimiento constante, pero bajo una notable desigualdad entre los actores.

Y es que, pese a estos lineamientos y a toda la normativa promulgada, los procesos de compras en esta gestión son más alejados a la población en general y una quimera para aquellos proveedores que buscando una oportunidad comercial, ven como se deshacen sus sueños al enfrentarse a todos los requisitos exigidos para licitar y a la gran burocracia que, como especie de colador, se ha estructurado en las instituciones contratantes.

Por otro lado, la veeduría social, tan importante para garantizar el manejo eficiente de los recursos públicos, no existe, ya que la sociedad civil que está llamada a evaluar y cuestionar estos casos, en la actualidad ha menguado su discurso a diferencia de años anteriores y cualquier crítica hacia el sistema se entiende como un ataque político de la oposición. Sin este importante componente como contrapeso no se puede hablar de transparencia, puesto que por mejores intenciones que se tenga, no hay mayor disuasor que una sociedad empoderada y vigilante.

Lo que es innegable es que mientras persista la falta de transparencia, los procesos de contrataciones públicas no solo dejarán de cumplir con su misión de eficientizar los recursos, sino que además no podrán contribuir con la movilidad social a la que debe aspirar todo gobierno. Agregar valor al comercio, incentivar el desarrollo, tanto local como nacional, y generar riquezas en la población, debe ser el principal norte de la clase gobernante de un país en vías de desarrollo. 

Sobre este tema consultamos a Julio César de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO): 

¿Cree que en los últimos años, ha disminuido la corrupción y el tráfico de influencias en materia de contrataciones públicas?

Bueno, a partir de los temas que nosotros hemos visto a través del sistema de compras y contrataciones, aún cumpliéndose con lo que establece la normativa y los pliegos de condiciones, la práctica indica lo contrario, el escándalo sigue gravitando sobre el tema de las compras, donde siempre sale a relucir que son las mismas personas quienes participan en todas las licitaciones y las ganan, y luego alrededor de estas empresas explotan los casos de irregularidades que se quedan solo en denuncias, sin que tengan régimen de consecuencias por la debilidad de la ley actual.

Una ley desfasada que va para 20 años

La Ley 340-06 de contrataciones públicas está por alcanzar su segunda década desde que fue promulgada en el año 2006, esto ha construído un consenso en la comunidad política dominicana de que se hace necesario tener un instrumento más acorde con el contexto actual, que aproveche mejor el uso de las tecnologías y que por consiguiente fortalezca el marco de transparencia y de publicidad que la normativa vigente, es por esto que desde hace unos años reposa en el Congreso Nacional, un anteproyecto de ley que moderniza todo el sistema de compras y contrataciones públicas y agrega los principios de debido proceso, planificación, sostenibilidad, idoneidad y objetividad.

Sin embargo, al consultar al senador José del Castillo Saviñón, miembro de la comisión que estudió la pieza, nos informa que el proyecto avanzó pero no se rindió un informe.

“Tendría que ver y confirmar si el proyecto está o no vigente, porque tengo la impresión de que pudo haber perimido”, agregó del Castillo Saviñón.

Las malas notas

A partir de una investigación hecha por Panorama, sobre el Indicador de Uso del Sistema de Contrataciones Públicas del último año, vemos cómo la mayoría de las instituciones no alcanzan la puntuación necesaria para obtener una calificación aceptable dentro del proceso. Estamos hablando de que, de 510 entidades estatales monitoreadas en la plataforma, solo 230 llegan al puntaje exigido por dicho sistema, lo que nos da un porcentaje de incumplimiento de 55 %.

También es bueno referir que cualitativamente las calificaciones han venido reduciéndose en los siguientes promedios, sin incluir los gobiernos locales. Esto es, 90.05 en el 2021, 81.50, en el 2022 y 73.40 el año pasado.

Los componentes a ser valorados por el órgano rector son los de planificación de las compras, administración de contratos, compras a MIPYMES y MIPYMES mujeres, gestión de procesos y tiempo de gestión de procesos, los cuales deben generar un valor que como mínimo deben  ser de 80 puntos.

En estas mediciones sale a relucir que casi la totalidad de los ayuntamientos no llegan a la meta y muchos de ellos aparecen hasta con una nota de cero puntos y, por otro lado, la mayoría de los hospitales no cumplen con el promedio exigido por el órgano regulador. Debemos aclarar que  no entendemos la razón por la cual los centros de salud públicos son medidos en un segmento diferente aún cuando éstas son parte del gobierno central.

Alarmante falta de planificación en las compras públicas 

Si nos vamos a la planificación de las compras públicas y a la gestión eficiente del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), los datos son aún más alarmantes, debido a que, del total de los organismos registrados en el sistema, 510, solo 52 mostraron estar al día en el cumplimiento de este ítem, para un porcentaje de aprobación de tan solo un 10%.

Esto explica el porqué del monto total planificado para el pasado año de RD$333,822 millones a través del Portal Transaccional, solo se hayan contratado RD$183,386 millones quedándose 150,436 mil millones de pesos sin adjudicar, lo que quiere decir un 45%.

Un sistema excluyente

Cuando Juan Pérez (nombre ficticio por miedo a posibles represalias), se enteró de la licitación pública del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), para la adquisición de bienes para el Centro Universitario Regional Hato Mayor (CURHAMA), vio la oportunidad de expandir su negocio y contribuir al desarrollo de su comunidad.

Sin embargo, Pérez enfrentaba el desafío de no cumplir completamente con los requisitos de solvencia financiera establecidos en el pliego de condiciones de la licitación, cuyo monto exigía líneas de créditos bancarias o comerciales de un 60% del monto a adjudicar. (La exigencia de este porcentaje es de por sí una violación a la normativa debido a que la misma establece un tope de solo un 30% ).

“A pesar de ver el contenido del documento, decidí participar con la esperanza de que al ver el buen desempeño de mi empresa me tomaran en cuenta, porque sabía que tenía la mejor calidad y los precios más bajos, sin embargo, cuando me presenté me dijeron de forma despectiva que si yo no había leído bien el documento y que el incumplimiento del requisito económico exigido en el pliego era obligatorio”, relató.

Aunque este pequeño empresario está comprometido con el crecimiento de su negocio y el desarrollo de su comunidad, se encuentra en una situación difícil al no poder competir en igualdad de condiciones con empresas más sólidas financieramente.

«Estoy profundamente desanimado por la situación en la que me encuentro respecto a la licitación, pero lo que más me duele es el sentimiento de exclusión que esto representa. Siento que se me está negando la oportunidad de competir en igualdad de condiciones simplemente porque mi empresa no tiene la misma solidez financiera. Esto va en contra de la igualdad que deberían prevalecer en estos procesos. Es una sensación de injusticia que me resulta difícil de aceptar”, resaltó.

A pesar de que no se puede negar  los avances que ha conseguido la República Dominicana en materia de contrataciones públicas desde el 2006, en los últimos años se han agudizado las trabas que impiden que se siga democratizando el acceso y la igualdad de oportunidades de sectores comerciales no sindicalizados o politizados en las MIPyME (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), y en otros casos el asunto es peor, ya que los requisitos económicos exigidos como garantía para participar en una licitación hacen que las mismas sean inalcanzables para cualquier emprendedor limitado y con poco acceso al crédito, a esto se suma la complejidad en el pliego de condiciones,  pues las mismas a veces tienen especificaciones que parecen trajes hechos a la medida de ciertos oferentes que son los únicos que pueden cumplir con estos requerimientos.

Un ejemplo reciente es la Circular DGCP44 PNP-2023-0011emitida por la DGCP, que pretende dar una apariencia de legitimidad y transparencia a un sistema excluyente que beneficia únicamente a los intereses económicos del régimen en el poder. Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica y financiera de los proveedores, esta circular sirve como un instrumento más en la caja de herramientas del gobierno para asegurar que solo aquellos con los recursos y conexiones políticas adecuadas puedan acceder a los jugosos contratos con el Estado. Esta disposición plantea, entre otras cosas, la capacidad que tienen las instituciones contratantes de ajustar los requisitos en función del objeto de la contratación y el riesgo contractual, donde se le puede solicitar hasta un 30%  en líneas de créditos bancarias o comerciales, como garantía para poder participar en una licitación, un ajuste del protocólo que sirve para cambiar a los actores y no para garantizar el principio de equidad.

“Los contratos en las instituciones en su gran mayoría se ganan por conexiones políticas. Hay una mafia estructurada. En una ocasión fui contactado para hacer un trabajo en Industria y Comercio, me pidieron los datos para aplicar a la licitación y me dicen ya, la ganaste ven a trabajar. Cumplía con los requisitos, pero reconozco que gané por las conexiones”, relata un ciudadano consultado quien también prefirió tener su nombre anónimo.

Lo que llama a preocupación es que precisamente esta sea una de las instituciones mejor valoradas en materia de contrataciones. Si este es el caso, qué no estará sucediendo en las instituciones con baja calificación?  Esto deja en evidencia que el aumento del papeleo y de los “filtros” no garantizan la pulcritud que como túnica moral se destila en grandes campañas de mercadeo y de relaciones públicas.

En lugar de promover la diversidad de proveedores y la competencia leal, el gobierno ha convertido el sistema de compras y contrataciones públicas en un refugio de complicidades que excluye a aquellos que no están dispuestos, o que no pueden, jugar según sus reglas.

Los retrasos en los pagos, una ventana a la corrupción

Otra de las debilidades detectadas en nuestra investigación es el relacionado con la mora que se presenta en el pago de las cubicaciones cuando se trata de obras o del monto total cuando se refiere a bienes o servicios y estos han sido entregados. Y es que, si un Estado quiere que sus ciudadanos cumplan con sus deberes, debe entonces practicar con el ejemplo, si el objetivo principal del sistema de contrataciones públicas es el de la eficiencia, y se esperan productos que alcancen esos mismos términos, pues en el cumplimiento de la obligación de pago no se le puede generar incertidumbre a aquellos que han superado una serie de desafíos para cumplir con su parte del contrato.

Para estos emprendedores, el Estado representa una oportunidad de negocio que les permite mantener sus operaciones y expandirse; Sin embargo, la demora o la falta de pago puntual puede comprometer su supervivencia y la de sus proveedores en la cadena de producción vinculada a los bienes y servicios en cuestión.

Es en este punto donde se abre una brecha que puede dar lugar a que la corrupción, la cual si no tuvo una puerta de entrada, sí tenga una puerta de salida. El proveedor, limitado ya en sus expectativas económicas por los intereses bancarios, se ve en la obligación de comprometer un porcentaje de sus exiguas ganancias.

Lo que si es una verdad insoslayable es que mientras exista la lentitud en los pagos esto será caldo de cultivo para prácticas que se alejan de los principios de la Ley 340-06 y de toda la normativa complementaria.

Para abordar eficazmente este problema, es imprescindible que las autoridades gubernamentales implementen medidas concretas para asegurar el cumplimiento de los plazos de pago. Esto incluye la adopción de sistemas de gestión de pagos eficientes, la mejora de la transparencia en los procesos de pago y la promoción de buenas prácticas de pago en el sector público.

Adicionalmente, es vital que los contratistas presten atención a los términos y condiciones de los contratos que suscriben con las instituciones contratantes  y estas establezcan un sistema de control financiero efectivo para gestionar los riesgos asociados a posibles retrasos en los pagos. En última instancia, es fundamental fomentar una cultura de pago puntual y respeto a los plazos de pago en el sector público dominicano, con el objetivo de garantizar una relación equitativa y justa entre las entidades públicas y los proveedores.