Defensores públicos de Santo Domingo Este advierten paro por falta de estacionamientos en Ciudad Judicial
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. Los defensores públicos y abogados contratados de Santo Domingo Este denunciaron una situación de trato desigual en la Ciudad Judicial y advirtieron que podrían paralizar sus labores si las autoridades no responden a sus reclamos en un plazo de tres días laborables.
A través de un manifiesto, señalaron que la asistencia técnica y legal gratuita a personas en conflicto con la ley penal constituye un derecho fundamental garantizado por la Constitución y que es ofrecida por la Oficina Nacional de Defensa Pública, creada mediante la Ley 277-04.
Indicaron que, entre el 5 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2025, ingresaron a nivel nacional 516,494 casos penales, siendo la oficina de Santo Domingo la que registra el mayor volumen de asistencia. Solo en 2025, aseguran que se registraron 2,829 casos nuevos, equivalentes al 10.31 % del total nacional.
Los profesionales explicaron que desde enero de 2026, cuando las audiencias fueron trasladadas desde el Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle hacia la nueva sede de la avenida Sabana Larga, únicamente les han sido asignadas cuatro plazas de estacionamiento, pese a que el servicio es prestado por al menos 37 defensores públicos y abogados contratados, además del personal administrativo.
Sostienen que esta situación contrasta con las facilidades otorgadas a jueces y fiscales, quienes disponen de una mayor cantidad de espacios para estacionarse.
En el documento afirman que la medida vulnera sus derechos a la igualdad, dignidad e integridad personal, obligándolos a dejar sus vehículos a varias cuadras de distancia y exponiéndose a riesgos de seguridad.
Asimismo, aseguran que el problema trasciende la falta de parqueos y que tiene consecuencias físicas y psicológicas que afectan el desempeño de sus funciones, al verse obligados a caminar diariamente entre 10 y 15 minutos vestidos con trajes, corbatas y togas.
Entre las afectaciones señaladas figuran la exposición a amenazas de ciudadanos que desaprueban o malinterpretan su labor, la vulnerabilidad frente a agresiones físicas y verbales por representar jurídicamente a personas en conflicto con la ley penal y los riesgos adicionales al concluir audiencias en horarios nocturnos.
Los defensores públicos manifestaron que han comunicado previamente la situación a las autoridades competentes sin obtener respuesta.
Por esta razón, advirtieron que, de no resolverse el conflicto en los próximos tres días laborables, ejercerán el derecho constitucional a la huelga pacífica mediante un paro de labores en los tribunales de la Ciudad Judicial durante los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio.
Indicaron que durante esos días únicamente realizarían trabajo administrativo y servicios de atención permanente, y advirtieron que la medida podría extenderse de manera indefinida si continúa el silencio institucional frente a sus reclamos.
