Panorama Opinión. Desde la reforma constitucional de 1994, por iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y gracias al Pacto por la Democracia, se incluyó en la misma el financiamiento de los partidos, el sistema de doble vuelta electoral y la división de los comicios presidenciales-congresuales de los municipales. Además, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para escoger a los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Dicho pacto trajo consigo la estabilidad política, social y económica de la que hemos disfrutado en los últimos 30 años en la República Dominicana, y un poco de equidad en la competencia democrática y electoral de los partidos.
La división de las elecciones logró, en principio, que la representación a nivel de los poderes públicos no recayera en una sola fuerza política. La instauración del CNM fortaleció la Suprema Corte de Justicia, quitando en una primera etapa la etiqueta política al Poder Judicial.
La segunda vuelta se ha producido una sola vez desde entonces, aunque se convierte en un elemento de competitividad en los partidos, cuya idea de financiarlos, propuesta por el Dr. Peña Gómez, buscaba generar una competencia más justa y equilibrada entre dichas organizaciones, ya que, por un buen tiempo, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y su líder, el doctor Joaquín Balaguer, hacían “recogida para foni uno” en los procesos electorales.
El artículo 224 de la Ley de Régimen Electoral establece que “se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2 %) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4 %) en los años que no haya elecciones generales”. Anteriormente, eso estaba declarado en la Ley 275-97 y sus modificaciones.
Sin embargo, en el artículo 61 de la Ley de Partidos se establece la distribución de un 80 % en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5 % de los votos en las elecciones, un 12 % para los que hayan obtenido más del 1 % de los sufragios y un 8 % distribuido entre los que hayan conseguido entre 0.01 % y 1 % de los votos.
Ante el retiro del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, propuesto por el presidente Luis Abinader, por las presiones de diversos sectores de la sociedad que consideraron que el mismo era lesivo para la clase media, surge en algunos ciudadanos la idea de eliminar el financiamiento a los partidos.
Reconocemos que muchos dominicanos pueden pensar que los políticos en la actualidad no representan el verdadero sentir de la ciudadanía y que la falta de solución a los problemas fundamentales es uno de los elementos del descreimiento en los partidos. Pero, han sido esas mismas organizaciones las que han logrado mantener la estabilidad económica, política y social del país, aunque con el inconveniente de una mala distribución de las riquezas.
Hoy la sociedad es veedora y más proactiva, gracias a la existencia de la tecnología, dígase redes sociales, y otros mecanismos de comunicación, algo con lo que sí estoy de acuerdo, pues se trata de una sociedad empoderada, de un núcleo que se respeta y genera mejores políticos y políticas públicas.
Prefiero mil veces una sociedad activa y atenta a las políticas públicas, a los partidos y a los políticos, y que reclame qué hacen estos con los recursos que reciben, que desde el 1998 son unos RD$27 mil millones, a facilitar un “tiro de gracia” a la democracia.
En República Dominicana, estamos a tiempo de cambiar y mejorar muchas cosas, pero eliminar el financiamiento a los partidos es un riesgo alto al que no debemos llegar. El Salvador, con el presidente Nayib Bukele, tiene otra historia, y la Argentina de Javier Milei, también. Aquí estamos a tiempo de evitar que el dinero sucio se meta con más fuerza a la política.
Habrá dirigentes que hayan tenido candidaturas con dinero producto del narcotráfico o candidatos que hayan recibido recursos de personas vinculadas al crimen, pero ese es un tema que los políticos han sabido frenar. Si se elimina el financiamiento estatal, podría entrar “a chorro” a los partidos el dinero del crimen organizado o del narcotráfico internacional.
Ojo, la democracia costó sangre, sacrificio y dolor, por lo que propongo preservarla, aunque mejorarla y, quizás, reducir parte del dinero servido en época no electoral, porque, de lo contrario, estaríamos “afilando cuchillos para nuestras gargantas”.
