Crímenes y delitos desde recintos penitenciarios siguen como Johnny Walker

A pesar y sin pesar de la promulgación de la Ley 113-21, el 23 de abril de 2021, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana, la situación existente de grupos criminales dedicados a extorsionar, estafar y hasta ¡ordenar y cometer asesinatos! desde el interior de los recintos carcelarios y correccionales del país, continúa su agitado curso sin que se pueda vislumbrar una salida a este problema de manera inmediata.

La situación no es nueva. Viene de lejos. Data desde llegada de los dispositivos móviles (beepers, celulares) y el sistema de mensajería instantánea. Aquí surge una nueva modalidad criminal en las entrañas del sistema, específicamente en las cárceles de La Victoria, enclavada en el municipio del mismo nombre, en Santo Domingo Norte, y en la preventiva de Najayo, San Cristóbal.

A este respecto, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), antigua Dirección de Prisiones, ¡qué larga y pesada se hace la pronunciación!, coronel Roberto Hernández, responde a Panorama una serie de preguntas formuladas ante la inquietud y preocupación ciudadana por el auge de la comisión de crímenes y delitos cometidos desde el interior de los centros de reclusión.

Respuestas que, por la manera de presentarlas dan una idea de lo que este oficial de la Policía Nacional, de manera sincera y sencilla desnuda sin adornos ni maquillaje la situación existente en los recintos penitenciarios y correccionales que tiene a su cargo y no oculta ni teje subterfugios ante una situación real y latente.

Siempre aparece una luz al final del túnel

Con relación a la manera en que la institución a su cargo maneja la situación actual en los centros mencionados, responde: “El sistema penitenciario no es la excepción de los acontecimientos que ocurren en el país y el resto del mundo. En los últimos años hemos visto cómo el crimen organizado y grupos delictivos han mutado, llegando a estar presentes también dentro de los recintos penitenciarios de nuestro país. Quienes se involucran en estos hechos al llegar a prisión continúan cometiendo delitos, unos en ocasiones lo logran, otros son descubiertos gracias a las acciones de inteligencia que ponemos en ejecución”.

Ejemplos, muchos y variados. México, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Brasil, Paraguay, El Salvador, constituyen la punta de lanza en América Latina, en donde los privados de libertad crean imperios bien estructurados en torno al crimen organizado, con bases de mando entronizadas en el interior de estos recintos.

Ni qué hablar de las cárceles norteamericanas, en donde se trafica todo, se hace de todo, y se permite todo. Pero hablar de los países con mayor índice de efectividad en el manejo de los recintos penitenciarios y correccionales, llama mucho más la atención. Los que conforman la península escandinava, Suecia, Noruega y Finlandia, actualmente enfrentan problemas en torno a la delincuencia desde lo interno de estos ámbitos especiales. Otro tema a tratar.

Hernández reconoce el hecho y admite, “una vez en prisión, los delitos más comunes que se producen son la entrada de ilícitos (armas blancas, de fuego, sustancias controladas, entre otros), artículos que utilizan con fines comerciales y para consumo. En muchos casos los involucrados son descubiertos gracias a operativos de requisas y labores de inteligencia y vigilancia, que se realizan manera general y aleatoria y siendo sometidos a la acción de la justicia los responsables”.

La espinita en el zapato

El gran problema radica en la red de complicidades dentro y fuera de los recintos penitenciarios y carcelarios, lo que dificulta un seguimiento eficaz a los actos delictivos y criminales que se cometen en estos lugares, a lo que se suma el hacinamiento y la falta de personal experimentado para lidiar de manera efectiva   con esta situación, a este respecto, el director de la DGSPC precisa que, ciertamente, “las complicidades vienen de parte de familiares, allegados a los internos y hasta colaboradores del sistema”, es decir, personal que labora en estos centros.

Parecería que el tiempo se retrotrae y vuelve al mismo punto de partida de esos inicios, debido a que, a lo largo del tiempo, se ha agravado la situación a lo interno de estos centros de reinserción hasta copar todos los espacios carcelarios del territorio nacional por el hacer la “vista gorda” de autoridades sin escrúpulos o que, por temor o codicia, no se atreven a levantar un dedo para detener la actividad desde sus espacios de trabajo.

Cuestionado sobre las principales dificultades y obstáculos para mantener de manera eficiente el sistema penitenciario y correccional, radica en la falta de un personal idóneo en cantidad y calidad, capacitado y formado, así como para trabajar en los recintos carcelarios. Cree que la “dificultad que tiene el sistema penitenciario para poner en funcionamiento el orden en las prisiones son factores como contar con un personal idóneo en cantidad, capacitado y formado para trabajar en los recintos carcelarios y el personal técnico profesional que pueda modificar, reeducar y cambiar las conductas de los privados de libertad.

Agrega, “en estos momentos requerimos de ese personal en áreas como salud mental y la parte educativa, tenemos códigos educativos, tenemos recintos, pero nos hace falta educar a nivel técnico, a nivel de ciencias, para poner proyectos de vida reales en manos de los privados de libertad que cuando salgan tengan otra opción que no sean las mismas que los llevaron a prisión”.

Estas razones expuestas por el coronel Hernández, llevan a pensar que la permisividad y algunos postulados de la nueva Ley 113-21, también forman parte del incremento de la actividad delincuencial desde el interior de los recintos citados.

Comisión de crímenes y delitos en el interior de los centros de servicios

La libertad establecida por mandato legal a las personas que están bajo investigación penal, permite que desde los espacios penitenciarios y correccionales ubicados a todo lo largo y ancho del país, se lleve a cabo todo tipo de desmanes y tropelías que afectan significativamente la tranquilidad y el sosiego de quienes se encuentran fuera, es decir, en libertad, sin mencionar la intranquilidad de la población penitenciaria.

 La inventiva del prevenido, privado de libertad, interno, recluido, supuesto sospechoso, no tiene límites. Las organizaciones criminales y particulares de los ingresados al régimen, no tienen fronteras y disfrutan de una serie de libertades que les permite hacer y deshacer a su antojo. Desde llamadas de auxilio y extorsión hasta el sicariato. La imitación de modelos establecidos por organismos y naciones super desarrolladas, encuentran un nido en donde organizar actividades fuera de la ley.

Estafas a granel: Método más utilizado por privados de libertad

Uno de los primeros y principales métodos utilizados desde el interior de los recintos que albergan a los privados de libertad y centros correccionales, es la utilización de dispositivos móviles (celulares), para engañar y convencer al afectado de que es necesario colocar recargas de las principales compañías telefónicas que funcionan a nivel nacional, bajo argumentos persuasivos y disuasivos, y a veces, hasta llegar a las amenazas vía llamadas directas.

Hernández no niega la situación, al contrario, reconoce este tipo de debilidades, al referir que, “no podemos negar que a lo interno de los recintos penitenciarios se cometen crímenes y delitos, quizás en mayor proporción en los Centros de Privación de Libertad No Reformados (CPLs), en donde una parte del crimen organizado ha hecho operatividad en ocasiones en componenda o ayudado con el personal”.

Esta situación es compleja “por el hecho de que el personal que maneja la seguridad está conformado por agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciarios (VTPs), en los 24 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCRs), y en los 19 restantes Centros de Privación de Libertad No Reformados (CPLs), 12 son custodiados por miembros de la Policía Nacional y 7 por miembros del Ejército”.

Este personal no se encuentra entrenado para el seguimiento de la seguridad y el acompañamiento de los privados de libertad, pero, no obstante, “y sin importar cuál sea el cuerpo que maneje la seguridad, en los recintos penitenciarios el crimen organizado también se ha convertido en un flagelo para la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad y sus custodias, pues en ocasiones ha logrado corromper a integrantes del sistema”. Una situación bastante complicada al parecer.

Va un poco más allá al afirmar, “el crimen organizado a través del enriquecimiento ilícito, con la venta de sustancias controladas mediante operaciones que se realizan a lo externo de los centros ayudados por la tecnología (celulares) sustenta bajo extorsión y corruptela a colaboradores que se prestan por paga a cooperar con acciones que desprestigian el sistema llevando a que la sociedad entienda que en los centros penitenciarios dominicanos todo es malo”.

Externa una queja acerca de la percepción de la ciudadanía con relación a los centros de servicio penitenciario y correccional, cuando manifiesta “nadie toma en cuenta las acciones que benefician a los más de 25 mil privados de libertad que guardan prisión en estos recintos, como son los programas de tratamiento, terapias ocupacionales, asistencia médica y capacitaciones técnica, media, secundaria y profesional de que dotamos a la población penitenciaria”.

No obstante, señala, los hechos negativos que acontecen en el sistema de prisiones de la República Dominicana, las áreas de inteligencia, el departamento de Asuntos Internos y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, institución a su cargo, “aplica el régimen de consecuencias previsto en los protocolos establecidos en la legislación, como son la suspensión, cancelación o anotación, según se trate la infracción.”

Población penitenciara armada con recursos tecnológicos avanzados

En cuanto al uso de dispositivos móviles, equipos electrónicos y otros recursos más sofisticados de esta era de la modernidad, sostiene que en estos momentos la población inserta en los centros de servicio penitenciario y correccional, “está adherida completamente a los momentos tecnológicos actuales y con ello los teléfonos móviles, en las prisiones son un reflejo de la sociedad.  Actualmente tenemos una población de más de 70 por ciento de jóvenes recluidos, jóvenes que en su vida en libertad aprendieron a usar estos móviles,”.

Al ser una forma de vida “es como uso y costumbre de ellos, por lo que para su detección realizamos requisas a nivel nacional de manera periódica, en las cuales hemos incautado una gran cantidad de aparatos de comunicación, no obstante, a estas acciones por diferentes vías los privados de libertad lograr hacerse de equipos telefónicos con la ayuda de familiares y algún personal en componenda con estos”.

La porosidad evidente en el sistema es evidente, acompañada, claro está de las debilidades, complicidades y permisividades que establece la Ley 113-21, por lo que se ha optado, de primera intención, en el bloqueo de las señales, pero no basta con esta medida, los internos se las ingenian para burlar dicha vigilancia y hasta el momento, esta falla no ha podido corregirse.

Es preciso que la Procuraduría General de la República, dependencia bajo la que trabaja la DGSPC y fiscaliza su accionar en el ámbito penitenciario, designe mayor presupuesto para alcanzar las metas de entidad, ya que es necesario resolver de una vez por todas, los problemas puntuales que afectan al régimen legal imperante.

La persecución del crimen y el delito es importante, sí, pero lo es más la necesidad de adecuación de los que ingresan a estos centros a fin de lograr de manera efectiva su reinserción real y verdadera al obtener la libertad, por la razón que fuere.

Lo cierto es que todo va cambiando, la reducción de la población carcelaria, de más de 26 mil internos en diciembre de 2023 a poco más de 25,100 en apenas dos meses de 2024, demuestra que cuando se quiere, se puede. Es preciso la asignación de mayores recursos para esta entidad que vela por el bienestar de los recluidos desde la Procuraduría General de la República.

La corrección de fallas estructurales fundamentales para el buen manejo de esta dirección, que tiene a su cargo un asunto peliagudo y espinoso como el velar por lo que establece la ley actual, no es tarea fácil para nadie, menos en momentos en los que la atención pública se centra en las actividades criminales y delictivas que ocurren y seguirán ocurriendo en estos recintos, de no dársele la importancia que merece tan delicada y peligrosa misión.

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Reportaje publicado originalmente en Panorama Impreso