Panorama Judicial._ La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega acogió una solicitud del Ministerio Público y declaró la extinción de dominio sobre tres vehículos incautados en la comunidad La Penda, provincia La Vega. La decisión ordena la entrega al Estado dominicano de dos camiones y un minibús utilizados para el transporte de cigarrillos de contrabando.
Con esta sentencia, la República Dominicana obtiene la primera decisión de extinción de dominio tras la entrada en vigencia de la Ley 340-22. El fallo se enmarca además en la creación de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, coordinada por el Consejo Superior que preside la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El Ministerio Público, a través de dicha unidad y la Procuraduría Regional de La Vega, demostró durante el proceso que los vehículos eran utilizados para actividades ilícitas. Las pruebas presentadas vincularon los bienes con el transporte de mercancías de contrabando en operativos de control.
La sentencia dispone la transferencia al Estado de dos camiones marcas Mack y EICHER, modelos MS300P y PRO3008G, de colores azul y blanco. También incluye un minibús Toyota Town Ace, año 2019, todos incautados en el operativo del 4 de julio de 2025.
Los vehículos fueron decomisados durante una intervención realizada por la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público junto al CECOM. El operativo contó con apoyo de organismos especializados en control de mercancías y combustibles.
El Ministerio Público valoró la decisión judicial y reafirmó su compromiso con el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Destacó que la Ley 340-22 permite la recuperación de bienes ilícitos dentro y fuera del territorio nacional mediante cooperación internacional.
La normativa establece que los bienes obtenidos de manera ilícita o vinculados al crimen organizado pueden ser recuperados a favor del Estado. En ese sentido, la institución reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la aplicación de la extinción de dominio en el país.