Panorama Salud. Fue en enero de este año cuando el Senado de la República aprobó, en dos lecturas consecutivas y con carácter de urgencia, las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos.
Desde su promulgación en 2020, la ley buscaba marcar un antes y un después en la forma en que el país maneja sus desechos, pero, según los congresistas que impulsaron su reforma —Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega) y Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata)—, los avances han sido más lentos de lo esperado y los vertederos siguen siendo una bomba ambiental que urge atender.
Entre los principales cambios que trae la nueva versión de la ley se destacan medidas mucho más concretas y con plazos definidos:
Adiós al foam y a los plásticos de un solo uso: Se establece un plazo de 12 meses para su retiro del mercado, y hasta 24 meses para envases tipo “laptop” y bandejas.
Prohibición de importaciones: En un plazo de 60 días tras su promulgación, no se podrán importar cubiertos, calimetes, tenedores, cuchillos ni tapas plásticas que no sean biodegradables.
Fundas con costo: Después de un año, los comercios deberán cobrar las fundas plásticas no biodegradables, mientras promueven el uso de bolsas reusables.
Industria del cemento más verde: Las fábricas deberán incorporar el reciclaje y utilizar combustibles derivados de residuos sólidos nacionales en sus calderas.
Gestión controlada de vertederos: Solo podrá existir un vertedero por provincia y una procesadora por cada 10 regiones (con excepción de la Ozama). Esta última disposición fue observada por el Poder Ejecutivo.
Pago por disposición de residuos: Se cambiará el cobro por toneladas por un sistema más preciso basado en kilogramos procesados.
Contribución empresarial: Las empresas deberán aportar una contribución especial —según sus ingresos— para financiar la gestión de los residuos.
Responsabilidad extendida: El productor será responsable del residuo hasta que este haya sido completamente tratado.
Mayor control en aduanas: La Dirección General de Aduanas será la encargada de certificar los productos plásticos importados.
Esta actualización legal busca que el manejo de los desechos deje de ser un tema secundario y se convierta en una verdadera política de Estado.
El país genera más de 11,000 toneladas de residuos cada día, y el desafío sigue siendo el mismo: transformar la basura en oportunidad.