Comunidad evangélica rechaza sentencia 1225-25 del Tribunal Constitucional
Panorama Nacional. La comunidad evangélica dominicana, que representa a más de quince mil iglesias y cerca de tres millones de creyentes, manifestó su rechazo absoluto a la sentencia 1225-25 del Tribunal Constitucional, que despenaliza las relaciones homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La dirigencia eclesial sostiene que el Tribunal habría legislado fuera de los límites de la Constitución y no puede obligar a instituciones castrenses a acatar una decisión que vulnera el orden institucional, altera la naturaleza militar y amenaza la disciplina que sostiene la seguridad nacional.
Las entidades durante una rueda de prensa frente al Tribunal Constitucional anunciaron que solicitarán formalmente revisión jurisprudencial, conforme al bloque de constitucionalidad y al control de convencionalidad.
“No podemos guardar silencio”
La Iglesia dominicana declaró que no puede permanecer callada ante lo que considera una decisión “desafortunada, inoportuna y contraria al espíritu histórico de la nación”. Según los líderes eclesiásticos, la sentencia “desfigura la creación divina, redefine la familia y socava valores éticos que han guiado al país por siglos”.
Citando Efesios 5:11 —“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas”—, los representantes afirmaron que callar sería “traicionar la misión pastoral y la responsabilidad profética”, y reiteraron su compromiso de hablar “con claridad, valentía y autoridad espiritual”.
Exclusión de las iglesias
La exclusión de las iglesias judeocristianas como amicus curiae en el proceso que dio lugar a la sentencia TC/1225/25 constituye una vulneración al principio de pluralidad y a la libertad religiosa, pues mientras el Tribunal Constitucional permitió la participación de organizaciones LGBTI+ y ONG de derechos humanos, negó o no consideró la intervención de instituciones religiosas que representan un sector social directamente impactado por el fallo; al impedir que las iglesias aportaran argumentos jurídicos, éticos y sociales en una causa relacionada con moral pública, disciplina institucional y valores comunitarios.
