Panorama Justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), conoce un proceso contra el Estado dominicano por el alegado encarcelamiento ilegal del abogado Ángel Lockward en 2003 y otorgó al país hasta el 30 de agosto para responder a las recomendaciones emitidas sobre el caso.
De acuerdo con un documento firmado por el secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, Jorge Meza Flores, la comisión aprobó un informe con conclusiones y recomendaciones, el cual fue remitido al Estado dominicano para que informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dichas recomendaciones y resolver la situación denunciada.
Según la información, la Cancillería dominicana solicitó la caducidad del expediente, petición que fue rechazada por la CIDH, por lo que el Estado deberá decidir si procura una solución mediante negociación o enfrenta un eventual proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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La nota señala que el caso tiene como antecedente una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que habría determinado que la privación de libertad de Lockward fue ilegal.
Asimismo, se indica que recientemente el abogado sometió una acción disciplinaria contra la magistrada Altagracia Ramírez ante el Consejo del Poder Judicial, alegando presuntas violaciones procesales en otro proceso judicial que se sigue en su contra.
El documento también recuerda el caso de los denominados cupones de GLP, en el que Lockward fue absuelto junto a otros imputados, y menciona una carta enviada por el expresidente Hipólito Mejía en 2004, en la que lamentó las molestias ocasionadas por declaraciones de funcionarios relacionadas con ese proceso.
De acuerdo con la información suministrada, la CIDH acogió la denuncia presentada por Lockward en 2016 y comunicó al Estado dominicano el Informe de Fondo No. 161-25, documento que permanece bajo carácter reservado.