Cámara oculta y comunicado del SNS confirman suspensión temporal para nuevos pacientes de diálisis peritoneal que presentó Panorama
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Un comunicado del Servicio Nacional de Salud (SNS), dirigido a la empresa Cimac, al que Panorama tuvo acceso, confirma que el Programa de Diálisis Peritoneal, sufrió una suspensión temporal de unos cuatro meses en los que no podía recibir nuevos pacientes.
“Nos dirigimos a ustedes en seguimiento a nuestra comunicación SNS-DESP-0225, de fecha 9 de julio de 2025, mediante la cual se instruyó la suspensión temporal del ingreso de nuevos pacientes al Programa de Diálisis Peritoneal”.
En la comunicación emitida el 11 de noviembre de 2025, y firmada por Jusan Kalaf, director administrativo del SNS, se especifica que, a partir de ese momento, quedaba sin efecto la disposición anterior que indicaba la redirección de los nuevos pacientes hacia las Administradoras de Riesgos de Salud (SNS).
“A partir de ahora, podrán continuar recibiendo y atendiendo nuevos pacientes conforme al presupuesto designado para tales fines, el cual deberá ser distribuido en un periodo de doce meses y con los debidos controles en coordinación con las direcciones administrativas, financieras y de fiscalización del SNS”, precisa el comunicado a Cimac empresa que se unió a Macrotech farmacéutica para ofrecer el servicio de diálisis peritoneal.
Panorama destacó en su reportaje que para comprobar cómo aterriza en la realidad el programa de diálisis peritoneal que el Estado contrata por miles de millones, el equipo de investigación periodística realizó visitas a distintos centros hospitalarios del Distrito Nacional y del interior del país, simulando el recorrido de cualquier familiar que busca acceso al servicio para un paciente renal.
La experiencia que tuvo nuestro equipo de periodistas fue documentada con cámara oculta, grabada durante el período que estuvo suspendido el referido programa de salud, lo que confirma los datos expuestos en el reportaje “El Otro Senasa” y que presentamos a continuación:
En el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, una enfermera explicó que el acceso al servicio dependía de un simple referimiento al área de Nefrología, preferiblemente por emergencia si el caso era urgente. No habló de cupos ni de suspensión del programa. Tampoco confirmó que la diálisis peritoneal estuviera operando activamente. La respuesta fue neutra, administrativa, como si el programa existiera en teoría, pero su disponibilidad real dependiera de una evaluación posterior.
En el Hospital Padre Billini, el relato cambió de tono. Una empleada que, según nos indicaron, conoce bien la dinámica interna, derivó la consulta a un médico del área. Su respuesta fue directa: el programa estaba cerrado. Para confirmarlo, llamó por teléfono al psicólogo del programa, quien ratificó la información y añadió un dato clave: solo podían atender la necesidad de diálisis peritoneal a través de una empresa privada.
Ese mismo psicólogo facilitó un contacto específico: del Centro Cimer. Al comunicarnos, se solicitaron analíticas clínicas a nombre del paciente y se nos explicó que el costo del programa dependería del seguro médico, incluyendo Senasa. La puerta del hospital público se cerraba, mientras se abría, desde dentro, una vía concreta hacia un prestador privado.
En el Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, la escena fue aún más reveladora. En el área destinada a diálisis peritoneal, varios empleados estaban identificados con el nombre de la empresa contratista, Macrotech. Al preguntar por el acceso al servicio, un joven en recepción afirmó que era completamente gratuito. Durante la espera, una señora relató que su esposo recibía diálisis peritoneal en casa con insumos enviados por el Estado, que ella había recibido diez días de entrenamiento y que contaban con seguimiento constante. Sin embargo, agregó que había escuchado que ya no estaban aceptando nuevos pacientes.
Esa percepción fue confirmada más tarde por la doctora encargada del área: el programa estaba cerrado por decisión del Servicio Nacional de Salud, alegando falta de presupuesto. Frente a un caso presentado como urgente, la doctora indicó que podía “ayudar” a gestionar atención más rápida en el sector privado, aclarando que el paciente tendría que asumir un 20 % del costo del programa si contaba con Senasa.
En el Centro Regional Taiwán, en Azua, el doctor a cargo fue igualmente claro: “la diálisis peritoneal no estaba vigente por falta de recursos y por el impacto del escándalo de Senasa”. A diferencia de otros centros, no recomendó ningún prestador privado. Sugirió trasladar al paciente al tratamiento de hemodiálisis dentro del sistema público, sin costo, y con gestos discretos dejó entrever que la peritoneal se había convertido, en la práctica, en un negocio.
En el Hospital Regional San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, la unidad de diálisis peritoneal es amplia, pero desde la entrada se informó que no había cupo. La doctora responsable confirmó que el programa había sido cancelado por falta de recursos y que la hemodiálisis estaba sobrepoblada. No ofreció alternativas. Sin embargo, al salir del área, un médico que había escuchado la conversación se acercó para recomendar un centro privado específico: el de los doctores García. Allí, la gerencia explicó que aceptan Senasa y que, mientras el seguro aprueba la terapia, pueden asistir “prestando” el catéter por RD$21,000, presentados como gastos quirúrgicos. Confirmaron además que son socios regionales del Centro Cimer, el mismo nombre referido desde el Padre Billini.
En el Hospital Regional Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, la respuesta fue seca y sin rodeos: el programa de diálisis peritoneal estaba cerrado y no existían alternativas en la región este. Las únicas opciones señaladas estaban en Santo Domingo.
Las visitas dejaron una constante difícil de ignorar: el programa público de diálisis peritoneal está prácticamente cerrado para nuevos ingresos, mientras que desde los propios hospitales se derivan casos hacia una red privada que funciona con el mismo seguro público como base de pago.
La diálisis peritoneal, concebida como una política de acceso universal, aparece en la práctica desplazándose silenciosamente del ámbito público al privado. Mientras el Estado transfiere miles de millones a través de contratos por exclusividad, el servicio de diálisis peritoneal parece haberse retirado de la red pública sin aviso oficial.
Los hospitales no solo confirman el cierre del programa: lo derivan. Y no hacia cualquier lugar, sino hacia prestadores privados vinculados al mismo circuito contractual. El paciente que llega al hospital se encuentra con una puerta cerrada y otra abierta —pero con tarifa. En los hechos, el Estado sigue pagando, pero el acceso ya no es público ni automático. Es un servicio financiado con fondos públicos, pero administrado como si fuera propio.