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Aprueban elevar a municipio a Verón-Punta Cana

El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que busca elevar a la categoría de municipio al distrito municipal turístico Verón–Punta Cana, perteneciente actualmente al municipio de Higüey, provincia La Altagracia
Ayuntamiento Verón-Punta Cana
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Panorama Nacional. El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que busca elevar a la categoría de municipio al distrito municipal turístico Verón–Punta Cana, perteneciente actualmente al municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Desde Higüey defienden la tesis de que Verón es un territorio que creció bajo su sombra, y que, por tanto, no puede pretender una autonomía absoluta sin reconocer la interdependencia histórica ni hacerlo parte de las riquezas que produce para solucionar problemas puntuales de los higüeyanos. Lo que hace doler la cabeza al municipio cabecera de La Altagracia, con 446,060 habitantes, es que separarse de Verón–Punta Cana implicaría un impacto económico demoledor para los ingresos del Ayuntamiento. No es para menos. El presupuesto de este año del cabildo de Higüey es de RD$910,000,000 millones, de los cuales el 40 por ciento (RD$364,000,000 millones) depende de los recursos provenientes de Verón–Punta Cana. De su lado, Verón reclama su autonomía municipal, con control total de sus ingresos y territorio, alegando que su alto nivel de desarrollo ya no le permite seguir como un distrito subordinado política y administrativamente a Higüey. Y las cifras de la industria turística así lo demuestran. La Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) indica que en Punta Cana actualmente operan unas 51,000 habitaciones hoteleras, hay 3,000 en construcción y otras 3,500 proyectadas para los próximos tres años. “Además, contamos con un máster plan aprobado para casi 10,000 habitaciones adicionales que se desarrollarán en ese mismo período, y que continuarán creciendo en los próximos diez años”, apunta Ernesto Veloz, presidente de Asoleste. El informe “Inversión Turística Punta Cana-Bávaro”, presentado en marzo de este año por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur), revalida el grado de expansión que experimenta esta zona, al consolidar a La Altagracia como el principal destino de inversión turística e inmobiliaria del país. El estudio precisa que en el período 2023-2024 Confotur otorgó clasificaciones definitivas a 129 proyectos (hoteles y desarrollos inmobiliarios) distribuidos en 12 destinos, con una inversión total de US$5,791.5 millones. De ese monto, US$3,172.7 millones (el 55% del total nacional) están destinados a 77 proyectos en La Altagracia, que en conjunto contemplan la construcción de 17,174 habitaciones. Este crecimiento incuestionable, más los requisitos de ley que cumple con creces, empuja a Verón-Punta Cana a exigir que el Congreso Nacional apruebe sin dilaciones el anteproyecto de ley que propone elevarlo a la categoría de municipio. Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, esta comunidad tiene una población de 138,919 habitantes, cifra que actualmente supera la suma total de 28 municipios del país. Sin embargo, al margen de esa iniciativa legislativa, de la autoría del senador altagraciano Rafael Barón Duluc, el epicentro de este debate es el derecho que reclama Verón–Punta Cana para establecer y gestionar su propia Oficina de Planeamiento Urbano. A través de esta oficina, el distrito turístico podría conceder y cobrar permisos de construcción, así como imponer arbitrios y tasas por servicios municipales.

La iniciativa presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, establece que Verón–Punta Cana ha registrado importantes transformaciones urbanas y socioeconómicas en los últimos años, lo que justifica una nueva organización política y administrativa.

Entre los indicadores de su desarrollo se destacan la presencia de más de setenta hoteles, un aeropuerto internacional, un helipuerto y un robusto tejido empresarial que impulsa una de las principales actividades turísticas del país.

Precisamente el auge económico del distrito municipal Verón-Punta Cana ha generado tensión con al Ayuntamiento de Higüey por un acuerdo que distribuía en partes iguales los arbitrios generados en el principal polo turístico del país.

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