El tránsito en la República Dominicana representa una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana, con estadísticas alarmantes que posicionan al país entre los de mayor índice de mortalidad en accidentes de tránsito en América Latina.
Cada enero, el resultado estadístico de las muertes en carretera tras los desplazamientos por las festividades navideñas y de fin de año, es un recordatorio esencial de la necesidad de encarar con urgencia el problema de los accidentes de tránsito, una crisis que sigue cobrando vidas y causando heridas graves a miles de personas cada año.
La realidad es contundente: cada accidente no es solo un número, sino una tragedia que golpea familias, debilita el sistema de salud y afecta profundamente la economía nacional.
En 2023, la tragedia de los accidentes de tránsito en la República Dominicana alcanzó niveles alarmantes con un aumento en las cifras de mortalidad que sacude la conciencia pública. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los primeros seis meses del año se cobraron la vida de 1,949 personas en accidentes viales, un incremento del 8.6% en comparación con el mismo período del año anterior. Este sombrío panorama ubica al país entre los cinco con mayor índice de mortalidad vial en el mundo, con una impactante tasa de 34.6 fallecidos por cada 100,000 habitantes.
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS)estima que cada año alrededor de1.3 millones de personas fallecen en accidentes de tránsito, posicionando esta problemática como una de las principales causas de mortalidad a nivel global.
Cifras que alarman y retos que persisten
El impacto de los accidentes de tránsito representa un alto costo económico en esta nación. En 2022, durante la conferencia titulada «Tránsito y seguridad vial en República Dominicana», el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, reveló que los accidentes de tránsito costaban al país alrededor de US$3,000 millones al año, equivalentes al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a los gastos de emergencias, atención médica y pérdidas materiales.
Provincias como La Altagracia, con una tasa de 40.2 muertes por cada 100 mil habitantes y San José de Ocoa, con 38, encabezan la lista de las zonas más afectadas por los accidentes de tránsito, seguidas de Santo Domingo 35, Monseñor Nouel 33 y La Vega 31. Estas cifras reflejan sueños truncados y familias destrozadas por la pérdida de un ser querido. El trauma se extiende desde los lugares del accidente hasta los hogares y los hospitales, convirtiendo en rutina lo que debería ser una excepción.
La situación es tan crítica que el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial al 2030 (PENSV) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ha asumido el compromiso de reducir estas muertes en un 50% para el año 2030. Sin embargo, alcanzar este objetivo requerirá esfuerzos enormes: desde reformas profundas en la infraestructura hasta cambios radicales en la cultura vial. Este Plan destaca la necesidad de enfocar esfuerzos en los jóvenes para lograr las metas de seguridad vial de cara a 2030. Y es que, en República Dominicana los ciudadanos con edades comprendidas entre los 19 a 35 años representan una fracción significativa de las víctimas fatales. Esta tendencia refleja una realidad global; como señala la OMS, los jóvenes entre 15 y 29 años son los más propensos a morir en accidentes de tránsito, situación que carcome el potencial de desarrollo futuro de un país.
Motociclistas: muchas vidas en riesgo
El impacto de los accidentes en motocicletas en la República Dominicana ha alcanzado proporciones preocupantes. Actualmente, se estima que más del 70% de los accidentes de tránsito en el país involucran motocicletas, una cifra que resalta la vulnerabilidad de este medio de transporte en las avenidas y carreteras. Para el año 2023, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) reportó 11,854 accidentes de tránsito que involucraron este medio de transporte y la mayoría de los motociclistas no utilizaban casco ni contaban con el equipo de protección adecuado, según reportes.
En términos de distribución por provincias, Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago y La Vega son las zonas con el mayor número de incidentes graves y fatales entre motociclistas. A nivel nacional, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) constituyen el 56.1% del parque vehicular con un registro de 3,063,704 unidades, superando ampliamente otros tipos de vehículos y reflejando un aumento continuo en la cantidad de motos por año.
Desde el punto de vista internacional, vemos como en América Latina, la problemática de accidentes en motocicletas es similar a la de República Dominicana, sin embargo, en algunas naciones han impulsado medidas para mejorar la seguridad de los motociclistas, con resultados variados. Por ejemplo, Colombia ha tomado medidas importantes en ciudades como Bogotá y Medellín, donde el parque vehicular de motocicletas es alto. Las autoridades han reforzado la obligatoriedad del uso de cascos de calidad, acompañado de estrictos controles en carreteras y zonas urbanas. Además, realizan campañas de educación vial enfocadas en motociclistas, lo que ha contribuido a reducir, en alguna medida, la mortalidad en las vías.
Asimismo, Brasil, con una situación similar, ha implementado normativas que exigen no solo el uso de cascos, sino también controles de velocidad en zonas de alto tránsito, especialmente en estados con alta siniestralidad como São Paulo y Río de Janeiro. Adicionalmente, ha incorporado programas educativos en comunidades y escuelas, concientizando desde edades tempranas sobre la seguridad vial y el uso adecuado de las motocicletas.
En el territorio nacional, ¿estamos preparados para asumir el compromiso que esta nación exige? La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada en 2017, establece un marco crucial para mejorar la seguridad vial en el país, sin embargo, su aplicación aún puede fortalecerse para reducir los accidentes. Esta ley, que creó el Intrant, aborda sanciones, licencias, uso de cascos y medidas contra la conducción bajo efectos del alcohol, pero hace falta más compromiso de las autoridades para aplicarla.
Seguro de Ley: una cobertura mínima insuficiente
En República Dominicana, el seguro de ley obligatorio ofrece una cobertura mínima que, en la práctica, resulta insuficiente para afrontar los costos de accidentes graves. Este seguro solo cubre los daños a terceros y una pequeña parte de los gastos médicos, dejando a las víctimas y sus familias en una situación económica precaria. En comparación, países con sistemas de seguros más robustos proporcionan una cobertura amplia que cubre gastos médicos prolongados, rehabilitación y reparaciones materiales.
Desde el punto de vista de las aseguradoras, el alto índice de accidentes entre motociclistas en la República Dominicana representa un riesgo que impacta directamente en los costos de los seguros y en la estabilidad del sistema asegurador.
La importancia de contar con un seguro completo va más allá de la reparación de vehículos o los altos costos asociados a la atención médica de heridos, es una cuestión de protección integral y responsabilidad social. En República Dominicana, el seguro básico deja a una gran parte de la población desprotegida frente a los múltiples efectos de un accidente. No contar con una cobertura adecuada significa enfrentar, en muchos casos, gastos inesperados que pueden llevar a la ruina financiera, limitando el acceso a tratamientos de recuperación y rehabilitación a largo plazo, así como también pérdidas materiales que resultan difícil de recuperar con póliza de ley.
Incentivar la adquisición de seguros con cobertura completa es esencial. Esto no solo garantiza que los conductores y peatones estén protegidos ante un accidente, sino que también promueve una cultura de previsión y responsabilidad en las vías.
A pesar de la necesidad evidente de protección, la legislación actual en materia de seguros en la República Dominicana plantea serias limitaciones que dejan al descubierto áreas críticas sin cobertura suficiente.
¿Está la ley de seguros 146-02 realmente alineada con las necesidades de seguridad vial de hoy? ¿Es adecuado que el seguro básico, exigido por ley, ofrezca una cobertura tan limitada que no alcanza para proteger a las víctimas de un accidente grave? La falta de actualización y adaptación de la normativa no solo compromete la protección de los ciudadanos, sino que también restringe la capacidad de las aseguradoras para ofrecer productos más adecuados a la realidad del país. Una revisión de la ley permitiría ampliar las coberturas mínimas exigidas y ajustarlas a los riesgos actuales, garantizando una red de protección más robusta que mitigue los efectos económicos, sociales y personales que cada accidente trae consigo.
Para dar contexto al problema de cobertura insuficiente, Luis Torres, director del Centro de Asistencia al Automovilista, explicó en el programa Seguros TV difundido por VTV canal 32, que “en estos diez años, hemos atendido a más de 645,000 usuarios y emitido 415,000 actas de tránsito. Esto refleja una realidad: muchos conductores y peatones afectados por accidentes no cuentan con la cobertura necesaria para enfrentar los gastos asociados a un siniestro. La ley debería actualizarse para proteger mejor a los ciudadanos en nuestras carreteras”.
La falta de protección adecuada en el seguro básico pone en evidencia la urgencia de actualizar las políticas de cobertura, no solo para mitigar el impacto económico, sino también para fomentar una cultura de responsabilidad en las vías.
Educación vial como responsabilidad: una urgencia nacional
La educación vial es fundamental para una cultura de respeto y seguridad en el tránsito. En la República Dominicana, la obtención de licencias de conducir se percibe como un trámite burocrático, sin una preparación exhaustiva en seguridad vial. A diferencia de otros países donde la educación vial comienza en las escuelas, en el país esta responsabilidad recae en campañas esporádicas que no alcanzan la profundidad ni la cobertura necesaria.
Incluir en el currículo de primaria y secundaria programas de educación vial que permitan a los jóvenes adquirir conocimientos básicos de seguridad en el tránsito es perentorio. Este enfoque, que ha demostrado efectividad en países de Europa, ayuda a formar ciudadanos responsables desde una edad temprana.
El lanzamiento de campañas nacionales permanentes, que aborden temas como el consumo de alcohol al volante, el uso de dispositivos de seguridad y la importancia de la conducción defensiva, son algunas de las tantas propuestas de políticas hacia una República Dominicana más segura en sus vías.
Hay opciones para mejorar
Frente a la realidad debemos buscar establecer la incorporación de soluciones que lleguen a la raíz de tan importante tema:
Reforma en la Ley de Seguros
Promover una reforma integral en el seguro de ley, permitiendo una cobertura más amplia que responda a las necesidades de las familias afectadas por accidentes graves y que entre otros puntos establezca:
Continuar con las mejoras en la infraestructura vial: Es prioritario invertir en infraestructura moderna y en la mejora de la señalización e iluminación de calles, avenidas y carreteras. Esto incluye la creación de áreas seguras para peatones y la implementación de sistemas de seguridad en puntos críticos.
Salud mental al volante: El médico psiquiatra Víctor Figueroa, al abordarlo sobre el tema de la Salud Mental dentro del contexto vial y los accidentes de tránsito expresó: que: “La psique del conductor dominicano en la República Dominicana es la mentalidad de siempre tener la razón en las vías lo cual genera una cultura de conducción a la ofensiva y agresiva. Esta actitud de manejar a ofensiva aumenta los riesgos y plantea una necesidad urgente de salud mental vial”.
“El concepto de salud mental vial debe surgir como una solución innovadora. Esta estrategia implicaría herramientas psicológicas para reducir el estrés al conducir, manejar la ira y transformar la percepción de control en las vías. Instituir espacios de reflexión y talleres de autocontrol emocional para conductores podría ser un paso clave”, detalló el especialista de la conducta humana.
Y si comenzamos a sumar, el sistema de puntos: Una posible solución adicional para abordar esta problemática es la implementación de un sistema de puntos en las licencias de conducir, que penalice severamente infracciones graves como conducir bajo la influencia del alcohol o exceder el límite de velocidad. Este modelo, adoptado en países como España y Francia, ha demostrado ser efectivo para reducir infracciones y fomentar una cultura de seguridad vial. Al castigar de manera progresiva las faltas de los conductores, se logra disminuir las estadísticas de accidentes, promoviendo un manejo más responsable y seguro en las vías.
Aprendiendo de ejemplos exitosos
A nivel mundial, países como Suecia y Noruega han implementado políticas de seguridad vial que integran la educación, infraestructura moderna y un sistema de seguros completo, lo que ha permitido mantener tasas de mortalidad en sus vías entre las más bajas del mundo. En América Latina, Chile y Argentina han logrado reducir significativamente los accidentes de tránsito mediante la mejora de sus infraestructuras y campañas de concienciación.
El elevado índice de accidentes de tránsito en la República Dominicana es una emergencia que exige acción inmediata y coordinación interinstitucional. No se trata de una estadística fría, es una llamada de alerta que exige reformas audaces y compromiso colectivo. Sin una reforma integral que abarque desde la actualización de la ley de seguros hasta la educación vial, junto con una infraestructura moderna, salud mental y campañas permanentes, el peligro en nuestras calles continuará dejando una huella de pérdidas irreparables. Es tiempo de cambiar el rumbo y convertir nuestras calles, avenidas y carreteras en auténticas vías de vida, no en espacios de tragedia constante por accidentes de tránsito.