¿192 años para reducir el déficit eléctrico? las cuentas que no cuadran en las aspiraciones de Celso Marranzini

Hay cuentas que, simplemente, no cuadran. Las incongruencias financieras pueden tener muchas explicaciones: errores en los registros, datos imprecisos, omisiones… o, a veces, simples fallos matemáticos.

Este no parece ser un error menor. La reflexión cobra fuerza tras las declaraciones de Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), quien en marzo de 2024 afirmó que el “gran desafío” del sector eléctrico era reducir el déficit financiero de las distribuidoras a 500 millones de dólares para el año 2028.

La afirmación fue hecha durante un evento organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en un contexto donde, según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda recogidas por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), las pérdidas de las distribuidoras eléctricas rondaron los 1,500 millones de dólares en 2023.

Estas cifras se explican por las transferencias económicas realizadas por el Estado para cubrir el déficit financiero y el flujo de caja negativo, producto de elevadas pérdidas, gastos operativos excesivos y una nómina abultada.

2024: el peor año desde 1999

Lejos de acercarse al objetivo, en 2024 el déficit financiero de las distribuidoras no solo no se redujo, sino que se disparó hasta los 1,800 millones de dólares. Las pérdidas técnicas y no técnicas se ubicaron en un alarmante 42 %, el nivel más alto desde 1999, año en que se inició el proceso de capitalización del sistema eléctrico dominicano.

El dato es más llamativo si se considera que 2024 fue también el año en que Celso Marranzini asumió simultáneamente la vicepresidencia ejecutiva del Gabinete Eléctrico, la presidencia del CUED y la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina. En otras palabras, concentró el poder eléctrico en sus manos, y el sector eléctrico registró el peor momento en décadas.

Todo esto ocurre en un contexto en el que los precios del carbón y del gas natural —que suplen el 80 % de la energía generada en el país— cayeron considerablemente en los mercados internacionales. A pesar de esta baja en los costos de generación, el déficit financiero de las distribuidoras alcanzó un pico histórico.

Cifras que no suman

En 2025, lejos de rendirse, Marranzini presentó como avance la recuperación de 409 millones de pesos mediante operativos contra el fraude eléctrico. Sin embargo, un análisis elemental revela que ese ritmo de recuperación resulta claramente insuficiente para alcanzar la meta trazada para 2028.

Haciendo un cálculo simple: si partimos de un déficit de 1,800 millones de dólares en 2024, sería necesario reducir 1,300 millones en los próximos tres años para llegar a los 500 millones proyectados. Si el ritmo de recuperación es el actual —409 millones de pesos al año, equivalentes a unos 6.8 millones de dólares— el proceso tomaría, matemáticamente, más de 190 años.

Sí. Ciento noventa años.

Una lentitud que sugiere la ausencia de una estrategia estructurada y efectiva para enfrentar el problema, especialmente tratándose del funcionario con más poder en el sector eléctrico. Las distribuidoras representan cerca del 40 % del déficit fiscal del Gobierno, y su situación fue uno de los argumentos utilizados para justificar el llamado “paquetazo fiscal”, finalmente rechazado por la ciudadanía.

Los logros que destaca el CUED

Según datos compartidos por Marranzini y publicados por el diario digital Acento, durante el primer trimestre de 2025 las distribuidoras Edenorte, Edeeste y Edesur recuperaron más de 8.39 GWh de energía, generando ingresos por 102.25 millones de pesos como parte de una ofensiva contra el fraude eléctrico y las conexiones ilegales.

“De mantenerse esta tendencia, el CUED estima que podrían recuperarse más de 409 millones de pesos para finales de 2025”, aseguró Marranzini, destacando que estos recursos anteriormente se perdían por la informalidad del sistema.

La estrategia implementada incluyó inspecciones, cortes, normalización de usuarios y detección de anomalías. Según los datos, Edesur lideró la recuperación con 39.5 millones de pesos recaudados, fruto de 60,299 acciones operativas: 37,941 inspecciones, la normalización de 17,007 usuarios y la eliminación de 4,659 conexiones ilegales.

Edeeste reportó ingresos por 28.05 millones de pesos, con 79,611 inspecciones y la recuperación de 1.8 GWh de energía, de los cuales 1.1 GWh fueron respaldados por la Plataforma de Gestión de Suministros Eléctricos (PGASE).

Edenorte, por su parte, instaló 39 totalizadores y elevó el control de sus microrredes del 44.1 % al 45.7 %, protegiendo 56.69 GWh.

¿Transformación o espejismo?

Pese a los logros exhibidos, Marranzini sostiene que “el sistema eléctrico se está transformando desde la raíz”. Sin embargo, los números parecen contar una historia distinta.

El cálculo es sencillo: si en tres meses se recaudaron 102.25 millones de pesos —unos 1.7 millones de dólares—, eso representa menos de 600 mil dólares al mes. Manteniendo ese ritmo, se cerrarían 2025 con 6.8 millones de dólares recuperados, lo cual representa apenas el 0.4 % del déficit de 2024.

El ingeniero Bernardo Castellanos, especialista en el tema, lo explicó sin rodeos: reducir 1,300 millones de dólares a razón de 6.8 millones por año tomaría… 191 años.

Una cifra que bien podría aspirar al Guinness World Record de la lentitud administrativa.

Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Hacienda desdicen las promesas de recuperación. Las pérdidas combinadas de Edenorte, Edesur y Edeeste pasaron de 29 % en 2019 a 42 % en 2024. Solo Edeeste exhibe pérdidas cercanas al 55 %.

Promesas que no iluminan

Cuando Marranzini asumió su cargo en enero de 2024, admitió públicamente que el país necesitaba un sistema de distribución eficiente y competitivo, capaz de acompañar el crecimiento económico nacional.

Sin embargo, 2024 se convirtió en el año más crítico del sector. Mil ochocientos millones de dólares en transferencias desaparecieron sin que se evidenciara una mejora significativa en el servicio. Y eso, pese a la caída de los precios de los combustibles.

Los resultados de 2025 no solo están lejos de lo prometido; proyectan un escenario que resulta difícil de maquillar: para cumplir la meta de reducir el déficit a 500 millones antes de 2028, Marranzini necesitaría algo más que buena voluntad. Necesitaría un milagro… o casi dos siglos.

Las cifras que no se pueden esconder

La gestión del sector eléctrico ha recibido duras críticas en los últimos años. Más allá de los calificativos, las cifras oficiales confirman muchas de esas acusaciones.

Según el Ministerio de Hacienda y el CREES, entre 2021 y 2024 se transfirieron más de 5,700 millones de dólares al sector eléctrico. ¿El resultado? Un deterioro del servicio, más pérdidas y más deuda.

Recientemente, el exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, fue enfático: “En el sector eléctrico no se han percibido mejoras ni en transmisión ni en distribución en los últimos cuatro años. Al contrario, ha habido retrocesos”.

Las deudas invisibles (pero crecientes)

Mientras los funcionarios celebran que no se les debe un centavo a los generadores privados, las distribuidoras estatales arrastran deudas colosales con otras empresas públicas.

Rafael Salazar, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), denunció que las distribuidoras le deben unos 18 mil millones de pesos —equivalentes a 300 millones de dólares—. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) también reclama una deuda de 15 mil millones de pesos, unos 250 millones de dólares.

Y la generadora Punta Catalina reportó que, al 19 de septiembre de 2024, las distribuidoras le adeudaban 214 millones de dólares más 37 mil millones de pesos. Con semejante carga, ¿cómo podrían estas empresas ejecutar sus planes de expansión?

Si las distribuidoras pagaran a las generadoras estatales con el mismo rigor con que pagan a los privados, las transferencias al sector eléctrico se dispararían aún más.

Paradójicamente, es el propio Gobierno quien pone en jaque a sus empresas que sí operan con eficiencia. No es de extrañar, entonces, que algunos expertos hablen de una estrategia encaminada a ceder el control total del sistema eléctrico estatal en favor del sector privado.

¿El final ya está escrito?

En medio de este panorama, una pregunta queda flotando: ¿hay voluntad real de transformar el sector eléctrico o solo estamos ante un largo proceso de desgaste premeditado?

Porque, mientras las promesas se repiten, los números siguen gritando una verdad incómoda: las luces se apagan, pero las deudas se quedan.