Panorama Nacional. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió un acto de adjudicación para la renta de camiones compactadores organizado por la Junta Municipal de Verón-Punta Cana, ordenando la convocatoria de un nuevo proceso debido a múltiples irregularidades y violaciones al debido procedimiento.
Entre las anomalías detectadas, se descubrió la utilización no autorizada de la firma digital del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, un hecho que sorprendió esta dependencia.
El contrato, con un valor estimado de 13 millones 540 mil pesos, estaba destinado a la recolección de desechos sólidos en el distrito por un periodo de cuatro meses. Según un informe obtenido por Bávaro News, el proceso de evaluación y documentación presentó diversas deficiencias.
La Junta Municipal convocó al procedimiento de excepción por urgencia Ayto. Verón-MAE-PEUR-2024-0002, el 23 de mayo de 2024, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP). En dicho proceso, se presentó una única oferta bajo el nombre de «Relleno Sanitario Vermont, SRL». No obstante, los peritos de la DGCP encontraron documentos correspondientes a otro proveedor, Crozzier, S.R.L.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Junta Municipal notificó este error en una carta fechada el 6 de junio de 2024, indicando que el oferente cometió un error al incluir documentación legal de otra de sus compañías.
Irregularidades críticas:
El informe de la DGCP reveló la falta de documentos legales, financieros y técnicos requeridos, la ausencia del acto notarial de recepción y apertura de ofertas, y la falta de la garantía de seriedad de la oferta. Además, la oferta técnica no estaba completamente publicada en el SECP y se encontraron formularios a nombre de Crozzier, S.R.L., aunque la oferta se había presentado bajo Relleno Sanitario Vermont, SRL.
Estas discrepancias indican que la unidad de compras no advirtió la situación y guardó la oferta incorrectamente. La DGCP concluyó que hubo una inobservancia significativa al no detectar las discrepancias en la oferta presentada con documentos de dos proveedores diferentes, lo que resultó en una evaluación económica incorrecta.
Acciones Correctivas y sanciones:
La DGCP ha ordenado la corrección del informe definitivo, que erróneamente incluía la firma digital del director general de la DGCP, y ha instruido a la Junta Municipal a cancelar el procedimiento actual, convocar uno nuevo, y garantizar la correcta ejecución de todas las etapas del proceso.
Asimismo, se requiere que la Junta Municipal publique todos los documentos faltantes en el SEPC en un plazo de diez días hábiles y notifique a la DGCP dentro de los cinco días posteriores. La decisión subraya la nulidad de pleno derecho del acto de adjudicación debido a las irregularidades encontradas.