Prueba de fuego: comisión anda tras terrenos municipales de Punta Cana que están en manos privadas

La disputa por el control de los terrenos municipales ha provocado un gran revuelo en el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, donde una comisión de notables encabezada por el vocal Uridy Marte asegura haber identificado más de 100 mil metros cuadrados de propiedad pública, que durante décadas estuvieron ocupados por terceros de manera irregular.

El tema, que toca de lleno intereses inmobiliarios en una de las zonas de mayor valor turístico del país, ha abierto un debate sobre la correcta administración y el rol de las autoridades en el manejo del patrimonio municipal.

Mientras tanto, las reacciones van desde el respaldo de sectores comunitarios y empresariales hasta la cautela del director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), quien ha pedido “no generalizar” para no dañar la imagen de la municipalidad.

La comisión y su origen

La iniciativa surgió de Marte, vocal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien tras asumir el cargo solicitó mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, un inventario de los bienes municipales, tanto a la Junta Distrital de Verón-Punta Cana como al Ayuntamiento de Higüey.

Marte afirma que la falta de respuesta lo llevó a emprender lo que denominó una “fiscalización directa”, que incluye consultas en los registros de títulos, indagatorias con desarrolladores y acompañamiento de un equipo de expertos y líderes comunitarios.

“El objetivo es garantizar que cada terreno identificado quede bajo el conocimiento de la comunidad y sea debidamente registrado en la Junta Distrital”, explica el vocal peledeista, quien además tiene un reconocido arraigo social como líder comunitario en la zona de Verón.

Los demás miembros de esta comisión son: Elvis Martínez, secretario general; Héctor Morel, diácono de la Iglesia católica; Esteban Santana, presidente de la Confraternidad de Pastores de Punta Cana, y Fernando Placeres, comunicador y vocero de la comisión. También, la notaria pública Carmen Ceballos, además de otros abogados y agrimensores que de forma voluntaria se han sumado a esta iniciativa.

Lo encontrado hasta ahora

Los hallazgos preliminares, según datos suministrados a este medio, suman 99,828.96 metros cuadrados distribuidos en distintas zonas de Verón, Bávaro, Friusa y áreas aledañas. Según el desglose presentado, se trata de 58,655.39 m² de terrenos de dominio público; 36,999.73 m² en áreas verdes y 4,173.84 m² en áreas institucionales.

Uno de los casos más polémicos es el de un lote de 14,016.16 m², registrado a nombre del Estado desde 2010, que de acuerdo con la comisión están ocupados por la Cooperativa Coopfvieste. La recuperación de este terreno, del cual Panorama recibió una copia de su título a nombre de Dominio Público, ha sido citada como ejemplo de las irregularidades que motivaron la fiscalización de esas propiedades.

La comisión afirma que al precio actual del mercado inmobiliario en Punta Cana cada metro cuadrado puede llegar a cotizarse entre US$130 y US$150.

La entidad que ejecuta esta acción afirma que cada terreno identificado está sustentado en el plano original de propiedad aprobado por mensura catastral, lo que señalan como prueba fehaciente de que pertenece a la municipalidad.

“Una cosa a tomar en cuenta, es que cada título de propiedad está georreferenciado con el sistema satelital, y con coordenadas únicas en el mundo. Mediante este sistema, son ubicados de manera correcta y con precisión exacta de su localización”, afirma Marte.

Explica que la comisión utiliza varias vías para identificar y documentar los terrenos municipales. Uno de estas formas es un equipo de profesionales de la agrimensura equipado con tecnología sofisticada, que les permite rastrear en el sistema de registro de títulos cualquier documentación vinculada a mensuras catastrales y a la jurisdicción inmobiliaria.

“Ese es un punto de partida fundamental para saber qué está debidamente registrado y qué no”, precisa Marte. El vocal añadió que también se ha logrado avanzar mediante la entrega voluntaria de informaciones por parte de algunos desarrolladores.

“En esos casos, acordamos recibir planos generales de los proyectos, documentos de propiedad y referencias de los agrimensores que trabajaron en las lotificaciones. Con esas informaciones podemos llegar al lugar físico usando coordenadas de GPS, y allí realizamos un levantamiento con la presencia de un notario público, levantando actas con fe pública sobre la existencia de los terrenos”, explica Marte.

La iniciativa ha recibido apoyo de comunitarios, empresarios y medios de comunicación, que la destacan como una lucha justa por la defensa del patrimonio colectivo. Otros distritos municipales, como La Otra Banda, han comenzado a replicar esa misma experiencia para auditar sus propios terrenos.

Advertencia y defensa

No obstante las buenas intenciones que pueda tener este proyecto, las reacciones no se han hecho esperar. El director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), en reiteradas ocasiones ha dicho que apoya la iniciativa.

Sin embargo, Ramírez sugiere a los miembros de la comisión que en el contexto de los hallazgos de terrenos municipales no se puede hablar en términos generales, para evitar confusiones que puedan manchar el honor de algunas personas.

“Si encuentran un solar a nombre de un tercero, que digan el nombre y no generalicen, porque eso daña la imagen de todos”, sugirió Ramírez. Pidió que se descarte cualquier insinuación de que él u otros funcionarios se han adueñado de terrenos correspondientes a la municipalidad.

 “Cuando se habla de terrenos en manos de terceros, la gente piensa que el alcalde se robó la tierra, y eso no es así”, advirtió de forma enérgica Ramírez. Asimismo, el funcionario municipal aclaró que los permisos de proyectos inmobiliarios no se otorgan en el distrito Verón-Punta Cana, sino en Higüey, deslindando de esta manera responsabilidades de carácter institucional. “Si hay algo que no está correcto, hay que acudir a quienes dan los permisos”, señaló Ramírez.

El secretario general de la comisión a cargo de identificar y rescatar esos terrenos, el exvocal Elvis Martínez, aclaró que esta entidad no ha sido creada para señalar ni enfrentar a nadie o para usurpar funciones. Sin embargo, sus integrantes afirman que, al no recibir respuesta de las instituciones llamadas a ofrecerla, se vieron obligados a identificar los inmuebles que pertenecen a la municipalidad.

“Nosotros entendemos que el Ayuntamiento debe tener un registro de todas las propiedades de la ciudad, es decir, un inventario. Cuando se asume la dirección de un gobierno local debe realizarse un proceso de transición, que implica la entrega y recibimiento de todos los inmuebles del municipio”, expresa Martínez.

Recordó que durante la gestión 2010-2016 se entregaron alrededor de 100 mil metros cuadrados al Estado para la construcción de escuelas, liceos, estancias infantiles y otras obras de beneficio colectivo.

“Ahora solo estamos identificando los niños que se quedan fuera cada vez que inician las clases. Pero nos gustaría saber cuántos metros ha entregado el ayuntamiento, del 2016 al 2025, al Estado para la construcción de obras que favorezcan a los más vulnerables”, cuestionó Martínez.

Lo que está en juego

La falta de un inventario organizado de bienes municipales ha dejado la puerta abierta a ocupaciones irregulares, pérdidas de patrimonio y ausencia de planificación urbana.

Según la comisión, la municipalidad ha recibido históricamente terrenos en donación para la construcción de escuelas y otras obras de interés común, pero subraya la inexistencia de registros claros de cuántos metros se han destinado para estos fines.

Con un valor que según los comisionados ronda los US$12.9 millones, los terrenos hasta ahora identificados son vistos por los munícipes como una oportunidad para recuperar espacios destinados al bienestar colectivo.

La demanda principal es que este proceso se traduzca en mayor transparencia, que los terrenos recuperados tengan un uso social y que el inventario sea público para evitar confusiones futuras.

En este punto, el economista y docente universitario José Polanco precisó que este proceso marca un antes y un después para Verón-Punta Cana. “Estamos hablando de un precedente muy importante para una localidad emergente, pujante y con grandes expectativas de crecimiento. Aspiramos a que estas acciones se desarrollen en función del interés colectivo y no de particulares”, esboza Polanco.

Agrega que lo que se requiere en estos momentos es voluntad política y social para enfrentar los conflictos y luchas de poder que puedan surgir por esta situación, “porque en la mayoría de los casos los terrenos ocupados están en manos de personas con gran influencia”, alega Polanco.

Entiende que la población está pendiente de este proceso, y “aspiramos a que se desarrollen apegados al interés público. Definitivamente, se requiere de voluntad política y social para emprender este tipo de acciones, que por lo general generan conflictos importantes y lucha de poderes”.

Polanco vinculó el debate con la discusión sobre la posible elevación de Verón-Punta Cana a municipio, proyecto aún pendiente de aprobación en el Congreso Nacional. “Con la categoría municipal se lograría un mayor nivel de autonomía en la gestión de los suelos y del patrimonio local, algo indispensable para un destino turístico que aporta tanto a la economía nacional”, puntualizó.

Un debate abierto

El marco legal es claro: la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, facultan a los ayuntamientos para organizar y gestionar el uso de los suelos dentro de su jurisdicción.

En los proyectos de lotificación, por ejemplo, entre un 6% y un 10% de los terrenos deben destinarse obligatoriamente a áreas verdes o de uso institucional, convirtiéndose en patrimonio municipal. Sin embargo, gran parte de esos espacios han terminado bajo control privado.

El artículo 43 de la Ley 368-22, sobre existencia de áreas verdes en el suelo urbanizado, establece que “en el suelo urbanizado deberá contemplarse la existencia de áreas verdes que cumplan funciones de esparcimiento, ecológicas, ornamentación o conservación en proporción con la superficie y la cantidad de habitantes que deberá ser fijado por el reglamento de aplicación de esta ley”.

El artículo 126 de la Ley 176-07 puntualiza que a las oficinas de Planeamiento Urbano de los ayuntamientos les corresponde regular y gestionar el planeamiento urbanístico, uso de suelo y edificación en las áreas urbanas y rurales del territorio municipal.

Esas mismas competencias se ratifican en el artículo 19 de esta legislación, cuando dispone que los ayuntamientos deberán normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural, así como gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines.

El abogado experto en desarrollo inmobiliario, Lemier Laba Gabriel, indica que esta labor debe realizarse con transparencia y equilibrio. “La identificación y recuperación de terrenos de dominio público en el Distrito Municipal de Verón Bávaro Punta Cana para la construcción de obras institucionales y espacios recreativos, es una labor digna de reconocimiento de todos los habitantes de esta demarcación turística, que cada día demanda de más facilidades para mejorar la calidad de vida de todos”, puntualiza Laba.

Laba recordó que la Ley 176-07 establece que los bienes de los municipios son de dominio público o patrimoniales, que deben ser destinados a un uso o servicio público. “Para nadie es un secreto que muchos terrenos de la municipalidad han terminado en manos particulares en perjuicio de los intereses de la colectividad, que muchas veces no tiene quien lo defienda. Y peor aún, cuando los de la defensa son parte de los victimarios”, añade Laba.

El jurista destacó que la comisión tendrá una ardua labor que debe realizar con cautela, en beneficio de todos, pero sin afectar el desarrollo turístico e inmobiliario en la zona. “Nosotros creemos que se puede hacer bien esto, sin dejar de hacer lo otro”, enuncia Laba.