Panorama Nacional. Los partidos políticos mayoritarios del país recibirán cada uno RD$432 millones como parte de la distribución de los fondos públicos destinados al financiamiento de las organizaciones políticas, conforme a lo establecido en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Este monto corresponde al 80 % del total asignado por el Estado dominicano para el financiamiento de los partidos, porcentaje que la legislación reserva a las organizaciones que obtuvieron más del 5 % de los votos válidos en el último proceso electoral.
Dentro de esta categoría se encuentran los principales partidos del sistema político dominicano, encabezados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), los cuales concentran la mayor representación electoral y congresual del país.
Cada una de estas organizaciones recibirá una parte proporcional del monto, tomando como referencia los resultados electorales más recientes, tal como establece la normativa vigente.
La ley dispone que el financiamiento público a los partidos se divida de la siguiente manera:
80 % para los partidos mayoritarios (más del 5 % de los votos)
12 % para los partidos que obtuvieron entre 1 % y 5 %
8 % para los partidos con menos de 1 % de los votos válidos
En ese sentido, los RD$432 millones destinados a los partidos mayoritarios representan la mayor parte del presupuesto asignado a la política partidaria.
La legislación establece que estos recursos deben utilizarse para:
Funcionamiento institucional de los partidos
Formación y capacitación política
Promoción de la participación de mujeres y jóvenes
Actividades de organización y fortalecimiento democrático
Los fondos son supervisados por la Junta Central Electoral (JCE), organismo responsable de fiscalizar su uso y exigir rendición de cuentas periódica a las organizaciones políticas.
La asignación de fondos públicos a los partidos continúa generando debate en la opinión pública, especialmente en contextos de dificultades económicas y demandas sociales, aunque sus defensores sostienen que el financiamiento estatal busca reducir la influencia del dinero privado, fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar condiciones más equitativas en la competencia política.