MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro implicados en Operación Guepardo
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
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Panorama Justicia._ El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas por estafa electrónica y lavado de activos, en la continuación de la Operación Guepardo, que investiga una red criminal que estafó a cientos de víctimas. La medida fue solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana y el caso ha sido declarado de tramitación compleja.
Los imputados son Loana Paola Guerrero Milián, contable de Novasco Real Estate, SRL; Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa; y las “masters brokers” de los proyectos simulados, Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto. Ulloa Bueno habría utilizado el miedo para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero.
Los arrestos se realizaron tras allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, donde las autoridades incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, aparatos electrónicos y documentación societaria vinculada a los delitos investigados. Según el Ministerio Público, la red obtuvo más de 18 millones de dólares mediante falsas promesas de construcción de apartamentos a bajo costo.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana ejecutaron los operativos con apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf) de la Policía Nacional. Estas acciones forman parte del plan institucional liderado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y supervisado por el procurador adjunto Wilson Camacho.
El expediente detalla que los integrantes de la red crearon Novasco Real Estate, SRL, y adquirieron la franquicia de la reconocida multinacional Re/MAX para generar confianza entre los clientes, quienes finalmente fueron víctimas de fraude. Otros imputados relacionados con el caso ya guardan prisión preventiva, mientras que uno se encuentra detenido en Colombia a la espera de su extradición.
Los fiscales Mayerling Rondón y Claudio Cordero, a cargo de la investigación, reafirmaron su compromiso de llevar ante la justicia a todos los implicados y recuperar los activos de las víctimas, en un esfuerzo por desarticular redes de crimen organizado dedicadas al fraude electrónico y lavado de activos en el país.
