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Panorama Judicial. – El Ministerio Público solicitó este jueves 18 meses de prisión preventiva contra once agentes policiales imputados por los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de cinco hombres asesinados el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago.
Entre los imputados se encuentran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron Elvis Antonio Martínez Rodríguez (26 años), Julio Alberto Gómez (28 años), Carlos Enrique Guzmán Navarro (40 años), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35 años) y José Vladimir Valerio Estévez (25 años).
La medida fue presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos. Los fiscales solicitaron la declaratoria de caso complejo, indicando que tras los hechos los imputados realizaron acciones para ocultar evidencias y entorpecer la investigación.
Según la acusación, los agentes llegaron a la plaza en tres vehículos, dos carros (Mazda y Honda Civic) y una KIA K5 del 2013, y dispararon contra las víctimas sin mediar palabra, en presencia de un testigo que fue despojado de su teléfono móvil.
También sustrajeron DVR de los negocios del lugar y otros dispositivos electrónicos para destruir evidencias. Incluso, llamaron al propietario de un negocio cerrado para entregarle el DVR, que posteriormente se llevaron.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.
Tras el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a las autoridades a investigar las circunstancias exactas del caso y actuar conforme al resultado de la investigación.