Motocicletas en RD vs el mundo: el dilema entre movilidad, seguridad y el reto de su restricción
Mía Espinosa.
Panorama. La necesidad de movilidad “rápida” ante el caos que representa el tránsito en el país, es una de las razones que ha hecho crecer el número de motocicletas que circulan en las calles.
De acuerdo al último informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sobre el parque vehicular en República Dominicana, hasta el 2024, había unos 3,531,967 de motocicletas registradas, lo que representa aproximadamente el 57,0% del parque vehicular nacional. Esta cifra nos acerca a ser uno de los países con mayor proporción de motocicletas per cápita en la región.
El gran desafío es la regulación de este tipo de transporte. República Dominicana se enfrenta al dilema de la necesidad de movilidad y el peligro en temas de seguridad vial.
Actualmente en el país no existe ninguna prohibición o restricción del uso de motocicletas. Sin embargo, según los datos del informe sobre la “Situación de la Seguridad Vial en la República Dominicana”, publicado por el Observatorio Permanente de la Seguridad Vial (OPSEVI) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), 73.3 % de las muertes en accidentes de tránsito son usuarios de motocicletas.
“Las muertes causadas por el tránsito en función al medio de transporte utilizado por la víctima al momento del accidente para el periodo 2016-2020, son los usuarios de motocicletas los que representan el mayor porcentaje de las fatalidades con un 73.3%, seguido por los peatones con un 11.9%, siendo estos dos grupos los de mayor riesgo en las vías”, indica el informe.
El impacto cada vez mayor, que tienen los siniestros de tránsito en las causas de muertes de la población, ha adquirido interés mundial. Muchos países han adoptado medidas de restricción al uso de motocicletas en zonas urbanas, mientras que República Dominicana continúa el creciente uso de este medio de transporte sin regulación alguna.
En países como Vietnam, que es considerado el segundo país con mayor cantidad de motocicletas del mundo, con más de 45 millones registradas, en algunas ciudades, las autoridades establecieron medidas que se proyectan a la prohibición de su uso para 2030.
Otras ciudades del mundo también han implementado restricciones o prohibiciones parciales al uso de motocicletas por razones de seguridad, contaminación o regulación del tráfico.
Por ejemplo, en algunas zonas de Filipinas como Mandaluyong y partes de Metro Manila, hay restricciones a las motocicletas en torno a los pasajeros, por temas de seguridad, en cuanto a la perpetración de asaltos desde este tipo de vehículos. Además, hay calles o avenidas donde las motocicletas tienen limitaciones de circulación en ciertos horarios.
En Shenzhen, Guangzhou y Pekín, las motocicletas están restringidas o prohibidas en áreas urbanas, en algunos casos, la medida aplica a motocicletas de gasolina, mientras que las eléctricas pueden circular bajo ciertas condiciones.
La India es otro ejemplo, en zonas de Mumbai y Delhi, las motocicletas tienen restricciones temporales o por horarios, especialmente en autopistas, vías rápidas o áreas con alto flujo peatonal.
Mientras que en Lagos, Nigeria, está prohibido el uso de mototaxis por seguridad y tráfico. La prohibición no es total, pero impacta muchas avenida y áreas principales.
Tomando en cuenta lo anterior y añadiendo a esto el costo social de las muertes anuales por accidentes de tránsito que se estima tiene un impacto equivalente al 2.21% del PIB anual, surge la interrogante de: ¿En República Dominicana que las motocicletas son un medio de transporte esencial, económico, accesible y que sigue en aumento, es viable prohibir o restringir su uso?
Alguno especialistas en materia de movilidad urbana y seguridad vial, han tratado el tema y coinciden en que una prohibición total no es viable actualmente, precisamente son el principal medio de transporte de la clase trabajadoras y zonas rurales, además de que en el país no cuenta con alternativas eficientes de transporte público.
Sin embargo, consideran factible implementar regulaciones como el uso obligatorio de cascos certificados, la exigencia de licencia de conducir específica, chalecos reflectivos y la limitación de circulación en vías rápidas o zonas de alto tránsito.
Otra medida propuesta es la de fortalecer las políticas públicas en torno al transporte colectivo y desarrollar alternativas seguras y asequibles para disminuir la dependencia de las motocicletas, acción que debe venir acompañada de un plan de mejora del flujo vehicular.
El caos del tránsito en República Dominicana, empuja a muchos ciudadanos a usar este medio de transporte diariamente como forma de llegar a sus trabajos sin necesidad de invertir varias horas del día en el trayecto, pero exponiéndose más a los peligros de la vía pública.
Las alta tasas de accidentes y fallecimientos, deja en evidencia la urgencia de buscar soluciones efectivas a la problemática. Adoptar medidas restrictivas, hacerlas cumplir y fomentar la educación vial, debería ser el inicio del cambio.
