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Panorama Opinión. – La gestión del Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ha comenzado con una agenda marcada por el diálogo y la intención de reorientar el sistema educativo preuniversitario. Sin embargo, los avances percibidos conviven con desafíos estructurales que aún esperan respuestas concretas, generando un debate entre quienes ven señales de transformación y quienes denuncian una continuidad de viejas prácticas.
Uno de los movimientos más visibles ha sido el acercamiento con los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Esta apertura al diálogo ha sido valorada positivamente por diversos sectores, ya que promueve la búsqueda de armonía en las aulas y el fortalecimiento de las relaciones laborales. La paz escolar y el consenso con el magisterio son fundamentales para crear un entorno propicio para el aprendizaje. No obstante, aún no se han traducido en acuerdos tangibles o reformas de fondo.
Mientras tanto, el personal administrativo del sistema educativo continúa enfrentando una situación precaria, sin mejoras significativas en sus condiciones salariales. Para muchos, este letargo en la humanización de los sueldos de este grupo esencial representa una señal preocupante de desequilibrio en las prioridades del Ministerio. La falta de reconocimiento y justicia salarial alimenta el descontento y evidencia una deuda social que la gestión aún no ha atendido.
En materia presupuestaria, el discurso del Ministerio ha girado en torno a la eficiencia en la inversión educativa, con énfasis en garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan: los niños y niñas del sistema preuniversitario. Sin embargo, aún se demanda una ejecución más estratégica y transparente del presupuesto, con impacto visible en infraestructura escolar, acceso a materiales didácticos, alimentación escolar y condiciones laborales para todos los actores educativos.
En resumen, la administración de Luis Miguel De Camps ha dado pasos iniciales hacia un modelo de gestión más dialogante y orientado a resultados. Sin embargo, la transformación del sistema educativo requiere mucho más que buenas intenciones: se necesita voluntad política, justicia social y una ejecución eficiente que llegue a cada rincón del país. La pregunta sigue abierta: ¿estamos ante una transformación real o solo frente a una nueva cara de la continuidad?
