Las barcazas de Los Negros: energía sucia en aguas protegidas

En el tranquilo litoral de Azua, donde el mar era sustento y herencia, la instalación de tres barcazas eléctricas alteró el equilibrio ancestral entre los manglares, la pesca y la comunidad. Lo que comenzó como una medida temporal para evitar apagones se ha convertido en un caso emblemático de impunidad ambiental y colapso institucional.

Ivonne Ferreras

En la costa sur de República Dominicana, en el municipio de Azua, las comunidades de Puerto Viejo y Los Negros han vivido durante generaciones en simbiosis con el mar. Su sustento, su cultura y su identidad se entrelazan con las aguas de la Bahía de Ocoa, refugio de vida silvestre donde los manglares filtran la sal, protegen los nidos y alimentan el ciclo de la pesca.

Pero ese equilibrio, que parecía eterno, se quebró entre marzo y mayo de 2023 con la llegada de dos barcazas de generación eléctrica —la KPS26 y la KPS60— operadas por la empresa Karpowership Dominican Republic S.A.S.

Desde entonces, Los Negros y Puerto Viejo viven una tensión constante. No se trata de un episodio aislado, sino de una secuencia de hechos que definen un conflicto anunciado en aguas protegidas. Lo que fue presentado como una “solución temporal” al déficit energético nacional, ha derivado en una crisis de gobernanza ambiental.

El caso trasciende la vieja dicotomía entre desarrollo y medio ambiente, pues revela presuntas fallas regulatorias, subordinación de la ley a los imperativos del mercado eléctrico y una cadena de impactos ecológicos y sociales que la Academia de Ciencias de la República Dominicana ha documentado con rigurosidad.

La emergencia como argumento

El contexto político ha sido decisivo. Y como si todo lo anterior fuese poco, la justificación oficial para la instalación de una tercera barcaza se ancló en la supuesta urgencia de aumentar la generación eléctrica, lo que derivó en el Decreto 517-25, que declaró de emergencia nacional las compras y contrataciones del sector.

Ese estado de excepción permitió acelerar decisiones y, en la práctica, suspender el escrutinio regulatorio. Así, lo que se concibió como una medida transitoria se consolidó sin pasar por los filtros de evaluación ambiental exigidos por la ley.

En efecto, en septiembre de 2025, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) anunció un cambio sustancial: sustituir una unidad proyectada de 65 megavatios por una nueva barcaza de 230 MW, también temporal. Sin embargo, esa decisión se adoptó mientras el proyecto original seguía siendo objeto de un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), interpuesto por organizaciones comunitarias y ambientales que buscan la anulación de la licencia ambiental.

Los constantes aplazamientos judiciales crearon un limbo legal que, en la práctica, permitió la operación y la expansión del proyecto sin una sentencia firme. La “emergencia energética” se convirtió así en el instrumento político perfecto para evadir controles y priorizar la urgencia sobre la legalidad.

Una operación sin licencia válida

La ampliación de la capacidad instalada encendió nuevas alarmas. Según Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD, “el aumento de más del doble de la capacidad instalada magnifica de manera exponencial los impactos existentes y crea nuevas presiones sobre un ecosistema ya comprometido”.
Desde la perspectiva legal, esa modificación sustancial debería haber desencadenado una reevaluación ambiental completa. “La normativa dominicana es clara —explica Carvajal—: toda autorización ambiental debe ser revisada cuando varían las condiciones en las que fue otorgada. Pasar de 65 a 230 megavatios es una ampliación de la capacidad productiva que exige un nuevo proceso de evaluación, consultas públicas y una nueva resolución del Ministerio de Medio Ambiente.”

Nada de eso ocurrió. El Ministerio, encabezado por Paíno Henríquez, ha mantenido silencio, mientras las barcazas continúan operando. Según Carvajal, los impactos acumulativos ya se manifiestan en forma de contaminación térmica, ruido constante y riesgo elevado de derrames.

“El aumento de la presión industrial puede superar la resiliencia del ecosistema —advierte—, colapsando poblaciones de especies clave y degradando hábitats de manera irreversible”.

Un nuevo emplazamiento

Recientemente, el Instituto de Abogados Para la Protección del Medio Ambiente (Isaproma), y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio climático, sometieron por ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un acto de oposición y advertencia a la instalación de dos nuevas barcazas en la referida comunidad.

Emplazan a esa entidad, “abstenerse de otorgar cualquier tipo de autorización a las nuevas barcazas colocadas en Los Negros de Azua en la zona de amortiguamiento del área protegida “Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo”, por constituir un crimen ambiental”.

Un proyecto en el corazón de un área protegida

Desde su origen, la ubicación del proyecto ha sido objeto de controversia. La Academia de Ciencias confirmó que las barcazas se instalaron dentro de la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre y manglares de Puerto Viejo, un espacio legalmente protegido por el Decreto 571-09.

A pesar de ello, en marzo de 2023 el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la Licencia Ambiental 0482-22 para el proyecto “Karpowership Azua”. Tres meses más tarde, una mortandad masiva de peces cubrió la playa de Los Negros. Las imágenes de peces flotando en la orilla recorrieron los medios de comunicación y desataron la indignación de la comunidad pesquera.

El Ministerio atribuyó el evento a factores naturales, pero la coincidencia temporal con el inicio de operaciones de las barcazas alimentó la sospecha popular. Para los pescadores, fue una señal inequívoca de contaminación química o térmica.

Ese mismo año se sumaron nuevos incidentes: un derrame de lodos oleosos en agosto y un incendio en octubre en uno de los motores auxiliares. Ambos confirmados oficialmente por el propio Ministerio de Medio Ambiente, que reconoció violaciones a la licencia e impuso medidas correctivas. Sin embargo, las operaciones nunca se detuvieron.

Entre 2024 y 2025, los residentes denunciaron de forma constante la presencia de humo oscuro, ruido incesante y una sensación generalizada de abandono. En septiembre de 2025, bajo el paraguas del decreto de emergencia, llegó la nueva barcaza de 230 MW, elevando el riesgo y la indignación.

Ruido, humo y agotamiento

La vida cotidiana en Los Negros cambió para siempre. El rumor del mar fue reemplazado por el rugido de los motores. Las noches se volvieron insomnes. Los pescadores, acostumbrados al silencio del amanecer, ahora parten con el zumbido metálico de fondo.
“El ruido no nos deja dormir —cuenta un residente—, y a veces el humo baja tan fuerte que los niños tosen toda la noche”.

Las barcazas operan con Fuel Oil No. 6 (HFO), un derivado pesado del petróleo de alto contenido de azufre, cuya manipulación conlleva un alto riesgo de contaminación. Los vertidos, incluso mínimos, pueden impregnar los manglares durante años. Además, el sistema de enfriamiento descarga agua a mayor temperatura, alterando el balance térmico y reduciendo el oxígeno disuelto del entorno marino.
Según Carvajal, “estos son impactos crónicos, silenciosos, que no siempre generan titulares, pero que matan la vida poco a poco”.

El refugio en peligro

El refugio de vida silvestre y manglares de Puerto Viejo, con 31 kilómetros cuadrados, es una joya ecológica. Alberga 4 km² de manglares, 21 km² de áreas marinas y praderas submarinas, lagunas arrecifales, cayos y dunas. Es hábitat del manatí antillano, tortugas marinas y aves migratorias que cruzan el Caribe cada año.

Los manglares funcionan como viveros naturales donde se reproducen peces y crustáceos que sostienen la pesca artesanal de toda la Bahía de Ocoa. La instalación de una operación termoeléctrica en su umbral representa, según los científicos, una amenaza directa a su integridad biológica.

“Se trata de uno de los ecosistemas más valiosos del país —sostiene Carvajal—. Allí cada metro cuadrado de manglar produce más biomasa que una hectárea de tierra agrícola. Dañarlo es hipotecar el futuro pesquero de Azua”.

La pesca en declive

En Los Negros, la pesca artesanal no es un oficio: es una herencia. Cada faena sostiene a familias que dependen del mar como único medio de vida. Los ingresos diarios de un pescador oscilan entre dos y siete mil pesos, pero desde la llegada de las barcazas esa cifra ha caído drásticamente.

“Antes salíamos y en dos horas llenábamos la lancha —cuenta Julio Mejía, pescador de tercera generación—. Ahora tenemos que ir más lejos, gastar más gasolina, y a veces regresamos con las redes vacías”.

La disminución de la captura coincide con la degradación del hábitat. Los manglares dañados y el agua más cálida reducen las zonas de reproducción. A la pérdida económica se suma el desaliento. “Nos quitaron el silencio del mar —dice—, y ahora también los peces”.

El costo oculto de la energía

La paradoja es cruel: la energía producida por las barcazas, vendida como una medida de emergencia, es también una de las más caras del sistema eléctrico. Según análisis del sector, su costo por kilovatio hora puede ser tres veces mayor que el de la termoeléctrica Punta Catalina.

El sobreprecio no lo asume el operador, sino el Estado, mediante subsidios. Es decir, lo pagan todos los dominicanos.

Mientras tanto, los beneficios se concentran en la empresa y los costos —ambientales, sanitarios y sociales— recaen sobre la comunidad.

“Es la socialización del daño y la privatización del beneficio”, resume Carvajal.

Una licencia bajo la lupa

El debate legal gira en torno a la Licencia Ambiental 0482-22. Según un informe técnico de la Academia de Ciencias, el área de operación de las barcazas se superpone por completo con la franja de amortiguamiento del refugio, que según el Decreto 571-09 tiene 300 metros de protección.

El Ministerio de Medio Ambiente ha sostenido que la zona de amortiguamiento no forma parte del área protegida y que el uso energético podría considerarse “tradicional”, siempre que se cumplan medidas de mitigación. Sin embargo, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 establece que toda actividad en esa franja debe ser compatible con los objetivos de conservación, algo difícil de conciliar con una planta termoeléctrica flotante.

El ingeniero y experto energético Bernardo Castellanos es categórico: “La nueva barcaza está generando electricidad sin haber cumplido con los requisitos de la Ley de Medio Ambiente. Las dos primeras cumplieron con los procedimientos, pero esta tercera viola flagrantemente la ley, y lo hace con la anuencia del ministro, que juró hacerla cumplir y ha optado por el silencio”.

Para Castellanos, la improvisación ha sido la norma. “Se contrató de manera clandestina, sin planificación, y solo para evitar apagones. Mientras tanto, los proyectos de gas natural prometidos para 2025 en Manzanillo y El Copey siguen sin operar”.

El espejismo de las renovables

Castellanos también advierte que el auge de las energías renovables sin almacenamiento complica aún más el panorama. “Tenemos una gran cantidad de proyectos solares y eólicos que generan de forma intermitente.

Sin sistemas de almacenamiento, hay vertimiento de energía: se produce, pero no se inyecta. Ya alcanzamos picos de 500 MW desperdiciados. Eso afecta a los inversionistas y al equilibrio financiero del sistema”.

Mientras tanto, las pérdidas y el déficit de las empresas distribuidoras crecen. “En el sector eléctrico estamos jodidos, y seguiremos jodidos”, dice con amargura.

Un futuro posible

A pesar de la crisis, existen alternativas. Luis Carvajal, junto a un conjunto de organizaciones del sector, han delineado una propuesta técnica para reordenar la zona de Puerto Viejo.

El plan plantea el retiro progresivo de las barcazas fuera del perímetro del refugio, acompañado de un monitoreo independiente y público de las emisiones y la calidad del agua.

También incluye un programa de restauración ecológica, con reforestación de manglares y recuperación de praderas marinas, y un fondo de compensación para los pescadores afectados. La propuesta contempla la creación de una Mesa de Gobernanza con participación comunitaria, académica y estatal, que supervise la transición hacia un modelo sostenible.

La hoja de ruta está sobre la mesa. Lo que falta, advierte Carvajal, es voluntad política. “El país tiene capacidad técnica, tiene leyes y tiene instituciones. Lo que falta es decisión para cumplirlas”.

Una decisión que trasciende Azua

El caso de Puerto Viejo es el espejo de un modelo de desarrollo que agota recursos y erosiona comunidades en nombre del progreso. La historia de estas barcazas es la de un país que, ante la urgencia, elige el atajo. Pero los atajos tienen un precio: ecosistemas destruidos, pueblos enfermos y leyes vacías.

Resolver este conflicto no es solo reparar un daño local. Es decidir qué tipo de futuro quiere la República Dominicana: uno que dependa de emergencias perpetuas o uno que apueste por la planificación, la transparencia y la justicia ambiental.

La Bahía de Ocoa, aún herida, sigue respirando entre sus manglares. Cada amanecer los pescadores lanzan sus redes, esperando que el mar, alguna vez su aliado, les devuelva algo de lo que la política les ha quitado.