Panorama Opinión. El presidente afirmó recientemente que el 80% de la deuda tomada por su gobierno ha sido para pagar los compromisos de administraciones anteriores. La frase, que busca subrayar prudencia fiscal, ha generado debate. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Ministerio de Hacienda permiten sostener que el planteamiento es parcialmente cierto, aunque debatible, porque la composición del gasto público revela una baja inversión de capital y un incremento sostenido del gasto corriente durante estos años.
Un ciclo que viene de lejos
Entre 2008 y 2019, la República Dominicana vivió años de expansión económica acompañados de déficits fiscales persistentes. El gasto corriente creció más rápido que los ingresos, los subsidios se mantuvieron elevados y los déficits presupuestarios se cubrieron con deuda.
Esa dinámica gastar más de lo que se recauda consolidó una pesada herencia: una deuda pública que en 2020 alcanzaba el 71.2 % del PIB, según el FMI.
El actual gobierno, al asumir en 2020, enfrentó el reto de refinanciar vencimientos, cubrir amortizaciones e intereses, y mantener la operatividad del Estado en medio de una pandemia global y presiones inflacionarias.
El descenso relativo de la deuda
De acuerdo con el FMI, la deuda consolidada del sector público ha pasado del 71.2 % del PIB en 2020 al 62.2 % en 2021 y 58.8 % en 2022, con una proyección de 50.6 % para 2029.
Esta tendencia refleja una mejoría relativa, no una reducción absoluta. El país sigue debiendo más en términos de monto, pero el crecimiento del PIB permite que el peso de la deuda sea menor sobre la economía.
En otras palabras: la economía crece más rápido que la deuda, lo cual es positivo, aunque no necesariamente resultado de un cambio estructural profundo.
Amortizaciones y nueva deuda: la raíz del 80%
El Ministerio de Hacienda muestra que entre 2021 y 2024 la República Dominicana amortizó 12,870 millones de dólares, mientras el incremento neto de la deuda fue de 12,964 millones.
La relación casi uno a uno valida en gran medida la afirmación presidencial: gran parte de la deuda contratada se ha destinado a pagar la existente.
Es lo que en economía se conoce como “rollover debt”, o deuda de renovación: un mecanismo común en países con déficits estructurales donde se emite nueva deuda para cubrir vencimientos, intereses o déficits del año fiscal anterior.
No es, por tanto, un fenómeno exclusivo de República Dominicana, sino una práctica habitual en economías con déficit crónico.
El espejo regional
La situación dominicana no es aislada. En Costa Rica, cerca del 75 % de las emisiones de deuda de 2023 se destinaron a refinanciar pasivos anteriores, según su Ministerio de Hacienda.
En Colombia, el 68 % de la deuda interna colocada entre 2022 y 2024 se usó para amortizaciones.
Y en Panamá, el 60 % de las emisiones de 2023 sirvió para cubrir vencimientos de bonos soberanos.
Estas cifras reflejan una realidad regional: los países que arrastran déficits fiscales terminan usando gran parte de su deuda nueva para pagar la vieja, reproduciendo un ciclo que solo se rompe con reformas estructurales que aumenten la recaudación y controlen el gasto.
El otro lado de la moneda: baja inversión y alto gasto corriente
Aunque el planteamiento presidencial tiene sustento técnico, también es debatible porque el uso del endeudamiento no ha estado acompañado de un aumento proporcional en la inversión pública.
La inversión de capital, medida como porcentaje del PIB, se ha mantenido en niveles históricamente bajos por debajo del promedio regional mientras que el gasto corriente ha crecido, impulsado por subsidios, nómina y transferencias sociales.
En otras palabras, el Estado ha gastado más en mantener la maquinaria que en construir futuro, lo que reduce el impacto productivo de cada dólar prestado.
Una deuda puede ser legítima si se traduce en infraestructura, educación o innovación, pero pierde justificación si solo financia el día a día gubernamental.
La continuidad del ciclo
Al final, más allá del discurso político, la deuda es una dinámica continua.
Así como este gobierno ha pagado buena parte de los compromisos heredados, el próximo también tendrá que pagar lo que este ha tomado.
Esa es la naturaleza del endeudamiento público: un flujo permanente de obligaciones que trasciende los períodos electorales y los nombres de los gobernantes.
Pero lo realmente importante y lo que pocas veces se dice es que quienes terminan pagando esa deuda no son los políticos que se disputan la razón, sino los ciudadanos.
Somos los contribuyentes, los consumidores y los trabajadores quienes asumimos el costo, a través de impuestos, inflación o servicios públicos limitados.
Por eso, más allá del debate sobre quién tiene la culpa o quién administró mejor, lo esencial es quién asume las consecuencias.
Conclusión
La afirmación de que el 80% de la deuda ha servido para pagar deudas pasadas es una verdad con matices.
Refleja una práctica común en economías con déficits estructurales, pero no exonera de responsabilidad al presente.
Mientras la inversión pública siga baja y el gasto corriente alto, el país continuará atrapado en un ciclo donde se pide prestado para pagar y operar, más que para transformar.
Romper ese patrón requerirá más que buena administración: hará falta una regla fiscal efectiva, una reforma del gasto y una visión de desarrollo que use la deuda como motor, no como muleta.
Porque al final, la deuda no la pagan los gobiernos, la pagan los ciudadanos.
