Ex Juez Primer Sustituto del Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
Panorama Opinión. El proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sometido recientemente al Senado dominicano es inconstitucional, representa una amenaza real para la libertad de expresión y refleja un preocupante retroceso en materia de derechos fundamentales en la República Dominicana.
Como juez emérito del Tribunal Constitucional, no puedo pasar por alto la gravedad que encierra esta propuesta. La creación de un órgano administrativo, el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), con facultades para suspender transmisiones, sancionar medios y eliminar contenidos, constituye una violación directa al artículo 49 de la Constitución, que prohíbe cualquier forma de censura previa.
Asimismo, vulnera el artículo 40 numeral 15 de la Constitución, que garantiza el debido proceso y prohíbe sanciones administrativas que afecten derechos fundamentales sin la intervención previa de un juez competente. También entra en conflicto con el artículo 69 sobre tutela judicial efectiva, que establece que ninguna persona puede ser juzgada o sancionada por órganos que no pertenezcan al poder judicial.
El proyecto también desconoce compromisos internacionales suscritos por el Estado dominicano, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que consagra el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, prohibiendo la censura previa y las restricciones indirectas al ejercicio de este derecho.
Por consiguiente, la concentración de poder en un órgano adscrito al Ministerio de Cultura atenta contra la independencia que debe caracterizar a cualquier entidad que regule el ejercicio de la libertad de expresión. Sin garantías de autonomía, el riesgo de instrumentalización política del Inacom sería inminente.
No basta con proclamar derechos en un texto legal. La verdadera garantía de la libertad de expresión permanece en evitar cualquier mecanismo que permita sancionar de manera desproporcionada o arbitraria. El proyecto plantea multas desmedidas y suspensiones que podrían inhibir la crítica y el libre debate de ideas.
La exigencia de representación legal para plataformas digitales con más de un 10% de usuarios dominicanos también introduce una barrera injustificada que limita el acceso a la información en un contexto globalizado. Esta medida, además de afectar a las grandes plataformas, también socavaría a pequeños medios digitales y ciudadanos que hacen uso legítimo de su derecho a la comunicación.
La jurisprudencia constitucional dominicana ha sido clara y firme en proteger la libertad de expresión. Sentencias como la TC/0092/19 y la TC/0075/16 han reafirmado que cualquier restricción debe ser estrictamente necesaria y proporcional, principios que este proyecto ignora abiertamente.
Resulta inaceptable que, en esta época de innovación, se pretenda imponer un modelo de control mediático disfrazado de modernización legislativa. La libertad de expresión no se negocia, no se regula mediante censura administrativa ni se limita mediante sanciones abusivas.
La República Dominicana necesita leyes que fortalezcan los derechos fundamentales, no proyectos que, bajo la apariencia de regular, escondan la intención de controlar el libre pensamiento y el debate público.
Mi posición, como jurista y como ciudadano comprometido con los valores democráticos, es de rechazo frontal a este proyecto de ley. La libertad de expresión constituye la base de toda democracia y debe ser defendida sin concesiones ni ambigüedades.
