La impunidad que sostiene a la mafia inmobiliaria en Santiago

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Diversas denuncias y querellas por estafas millonarias y la expropiación fraudulenta de propiedades han puesto en evidencia una red compuesta por abogados, notarios, falsificadores y empresarios que, según afectados, opera en Santiago con la complicidad de instituciones estatales.

Algunos de los fraudes incluyen ventas múltiples de un mismo inmueble, falsificación de firmas de personas fallecidas, poderes consulares adulterados y supuestas pérdidas de cajas con matrículas originales en los registros públicos de propiedad.

Las víctimas de estas estafas, ciudadanos que con esfuerzo han adquirido propiedades, se ven despojadas de sus bienes a través de la falsificación de documentos, títulos y poderes. Estos actos fraudulentos no solo afectan a las personas, sino que también representan una amenaza para la inversión extranjera y la seguridad jurídica.

En muchos casos, los fraudes quedan al descubierto cuando los legítimos dueños intentan pagar impuestos o registrar su propiedad y se encuentran con que el inmueble ya “ha sido vendido”.

El connotado profesional del derecho José Miguel Minier sostiene que estas estructuras cuentan con tentáculos en el Poder Judicial, en el Registro de Títulos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El jurista describe el caso de un cliente suyo como una muestra de la vulnerabilidad del sistema.

Cuenta que, sin conocimiento de su representado, una red de estafadores logró hacer un plan de pago en la DGII y realizar un primer desembolso para transferir su propiedad a un tercero, todo ello sin presentar un poder legalizado o contactar al dueño.

La propiedad, un pent-house valorado en un millón de dólares, que habría sido adquirido de manera fraudulenta por tan solo siete millones de pesos dominicanos.

Cuenta que los estafadores hicieron el proceso de venta mientras se encontraban habitando el inmueble en condiciones de inquilino.

Según explicó José Miguel Minier, los integrantes de la mafia utilizaron documentos falsificados para iniciar procesos de transferencia de títulos, aprovechando la falta de controles rigurosos y la inacción de las autoridades.

Cuestiona que, a pesar de que el estafador abandonó la propiedad luego de que un tribunal determinó que los documentos fueron falsificados, incluyendo un poder que supuestamente había avalado el Consulado dominicano en Nueva York, Estados Unidos, a solicitud del ¨comprador de la propiedad¨, desde la Fiscalía no sometieron penalmente a los estafadores ni iniciaron un proceso de investigación en torno al hecho.

¨Ese juicio debe seguir contra esa persona y condenarlo, dando un ejemplo a la sociedad¨, señaló.

Además, el jurista ve con preocupación que la matrícula (nombre dado al documento de título de propiedad) utilizada por los estafadores es legal. Dijo que la explicación recibida en Registro de Títulos es que ¨se perdió o se extravió¨ con dicho documento. A su juicio, las autoridades deben anular los números de ese documento extraviado para evitar que miembros de la estructura criminal intenten despojar a su propietario utilizando el mismo modus operandis.

Otros expedientes

Minier también es el representante legal del propietario de unos terrenos en el distrito municipal de Jacagua, en la provincia Santiago, que intentaron despojarlo utilizando otras maniobras fraudulentas.

El togado asegura que el titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, también fue alertado hace más de un año sobre la supuesta participación de empleados de la institución gubernamental que dirige, en maniobras de falsificación de títulos y acuerdos tributarios irregulares. Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado de ninguna intervención oficial. El jurista mostró al equipo de prensa de Panorama, una documentación donde consta la entrega de una notificación ante el incumbente sobre lo sucedido.

¨El que tiene una propiedad no tiene absolutamente nada, ya que no tiene doliente ante la autoridad¨, lamenta.

Venta de un mismo inmueble en seis ocasiones

Otro caso es la venta simultánea de un mismo apartamento a seis clientes con títulos falsificados, esta acción fraudulenta la cometió una misma persona.

Una de las víctimas, estafada con 12 millones de pesos, asegura que al acudir a la Dirección General de Impuestos Internos pagó el traspaso, pero en el Registro de Títulos le devolvieron los documentos con la advertencia de que “todo era falso”.

Orlando Aracena, abogado de una de las víctimas, demandó civil y penalmente al responsable de la venta.

Dijo que uno de los siete imputados en el proceso cumple medida de coerción consistente en prisión preventiva. Detalló que logró que el presunto estafador fuera enviado a la cárcel luego de reincidir con una estafa inmobiliaria mientras estaba en libertad.

Señala que otro de los implicados, tiene cinco querellas por estafa en la venta de casas, también de manera irregular, alerta sobre el peligro que representan estas personas en las calles, pues se apoderan del dinero de la inversión de los clientes, burlan los sistemas institucionales y continúan a sus anchas enriqueciéndose gracias a la impunidad.

Según el abogado Aracena, existen en Santiago unas 10 a 12 estructuras criminales dedicadas a las estafas inmobiliarias. Aunque el Ministerio Público ha iniciado investigaciones, como en el caso que él mismo maneja, afirma que las denuncias raras veces culminan en una acusación formal o una condena, lo que desincentiva a las víctimas a seguir el proceso.

Apela a que, en el caso antes descrito, desde el órgano acusador lleguen a término, donde los responsables sean condenados con penas severas.

¨Nosotros esperamos que en este proceso caiga preso hasta el responsable de la imprenta donde se están dedicando a la falsificación de este tipo de documento¨, manifestó.

Asimismo, pidió que no exista ningún tipo de contemplación para los integrantes de la mafia, ¨sin importar que sea un pariente de una persona influyente, que utilice el poder para librarse de ser procesado¨.

En una primera entrega del tema tratado en la edición de agosto de Panorama con el titulo: ¨Mafia criminal, poder y expropiación inmobiliaria arbitraria arrodilla a Santiago¨, denunciaron que la estructura es integrada por el hijo de una jueza con poder entre sus colegas magistrados del distrito judicial de la jurisdicción de Santiago.

Orlando Aracena cuestiona la facilidad con la que estas mafias operan. Además, condena que notarios, quienes deberían dar fe de los documentos, estén validando actos de venta fraudulentos, incluso de personas fallecidas.

¨No podemos estar escuchando que a gente mayores le quitaron todos sus ahorros, aunque sin ejercer la violencia, de la manera más descarada¨, apuntó el jurista.

Otras denuncias

El expresidente del Colegio de Abogados de Santiago Ramón -Monchy- Estrella, se suma a la denuncia, subrayando que las mafias inmobiliarias no sobreviven únicamente gracias a la falsificación de documentos, sino a la falta de consecuencias judiciales.

Advierte que mientras las instituciones del sistema no actúen con firmeza, cualquier ciudadano dominicano o extranjero está en riesgo de ser despojado de su propiedad de la noche a la mañana.

¨La impunidad que rodea a estos casos se debe en gran parte a la inercia del sistema de justicia con el que contamos¨, externó el profesional del derecho.

El exdirigente gremial advierte que la red pone en peligro la seguridad jurídica de Santiago y el país en sentido general.

Asimismo, entiende que las mafias inmobiliarias de Santiago podrían ganar terreno en territorio nacional y cobrar cada vez mayor fuerza de no ser que se enfrenten y se establezca un régimen de consecuencia.

Estrella expresa que, para combatir estas mafias, es crucial que el Ministerio Público tome cartas en el asunto, dando a estos casos la prioridad «uno A» que merecen, tal como enfrentan casos similares desarticulados a través de operaciones trasnacionales como Discovery, Discovery 2.0 y Discovery 3.0, conocidos en Estados Unidos como la estafa a los abuelos.

¨Es fundamental que las querellas sean investigadas con celeridad y que se presente acusación en menos de 30 días¨, indicó. Dice que hay procesos judiciales vinculados a estafas inmobiliarias, cuyas audiencias son programadas para tres y cuatro meses, como una muestra de desinterés para enfrentar estos casos.

Sostiene que solo así se podrá desmantelar estas mafias, proteger a los ciudadanos y asegurar un ambiente de confianza para la inversión y el desarrollo del país.

Recomendaciones

Afectados y representantes legales apelan a que las autoridades den prioridad a estos casos, de la misma forma en que se ha hecho con otros temas nacionales. Consideran que la falta de respuesta alimenta la impunidad y favorece la continuidad de las estructuras criminales.

Para eso, José Miguel Minier propone la creación de un mecanismo de alerta que obligue a la DGII y al Registro de Títulos a requerir la comparecencia personal de los propietarios en cualquier gestión relacionada con el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) o traspaso de inmuebles.

Advierte que no puede permitirse que se hagan acuerdos de pago, transferencias o ventas sin que el verdadero titular sea contactado.

Otra recomendación de Minier es que, en cada querella, el Ministerio Público remita los expedientes al Colegio de Abogados y al Colegio de Notarios, para que estos abran procesos disciplinarios y sancionen a los profesionales que se presten a estas maniobras, recuerda que los profesionales de ambas áreas no pueden ejercer sin su exequatur.

También insta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la procuradora general de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso; y el director de la DGII, Luis Valdez, para establecer una línea de acción firme.

Mientras que Orlando Aracena sugiere a los eventuales adquirentes de propiedades verificar el estado del inmueble en la Dirección General de Impuestos Internos.

De igual manera, plantea que antes de realizar el pago en la DGII verifique en Registro de Títulos si el documento de propiedad está registrado.

A las autoridades le sugiere establecer mecanismos, o fortalecer los existentes, para verificar de donde sale el dinero con que son adquiridas las propiedades, ya que entiende se puede dar el lavado de activos con la venta fraudulenta de una propiedad.

Desde el MP aseguran trabajan desde hace años casos de mafias inmobiliarias

El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez, afirmó que la Fiscalía de esta jurisdicción viene trabajando desde hace muchos años en procesos relacionados con mafias inmobiliarias.

El magistrado explicó que las investigaciones se desarrollan conforme llegan las denuncias y que, en algunos casos, se han llevado acciones judiciales en los tribunales. Sin embargo, señaló que muchos de esos procesos no concluyen, ya sea por acuerdos entre las partes o porque las decisiones judiciales se hacen firmes.

“Estos son casos abiertos, que se van desarrollando en el momento, por lo que no podemos ofrecer muchos detalles en este momento”, expresó Bircann Sánchez.

El procurador destacó que la Fiscalía mantiene su atención en este tipo de denuncias debido al impacto que generan en las familias y en la seguridad jurídica de la propiedad en Santiago y demás provincias de la región Norte del país.