Panorama Opinión. En la antesala de cualquier proceso electoral, los ciudadanos dominicanos se enfrentan al mismo ritual: políticos que recorren el país prometiendo cambios, mientras las pancartas y los comerciales saturan el espacio público con eslóganes vacíos. Pero cuando uno rasga la superficie del discurso oficial, se topa con una realidad incómoda que parece no tener dueño. ¿Quién responde por los problemas históricos que nos aquejan? ¿Quién explica por qué el presupuesto nacional crece año tras año, no por una mayor eficiencia recaudatoria, sino gracias a un endeudamiento que nos ata al futuro?
Para merecer un voto, no basta con una cara bonita o un jingle pegajoso. Es imperativo «hablar claro» sobre el coctel maldito que amenaza la estabilidad de la nación: el dúo dinámico de la política y los negocios que ha encontrado en la emisión de bonos, instrumentos de hacienda y certificados del Banco Central una gallina de los huevos de oro, mientras la ética desaparece del paisaje del servidor público.
El diagnóstico de una herencia pesada
República Dominicana arrastra problemas históricos que no son nuevos, pero que en los últimos años han mutado hacia formas más complejas y difíciles de combatir.
Según la más reciente Encuesta nacional de opinión pública ACDMedia de febrero de 2026, los ciudadanos son claros al señalar a los culpables de su descontento: la delincuencia e inseguridad (36%), el alto costo de la vida (29.5%) y la corrupción gubernamental (15.4%).
Estos números no son solo estadísticas; son el reflejo de una sociedad que siente que el pacto social se ha roto. La inseguridad es hija de la falta de oportunidades y de un sistema penal que no disuade. El costo de la vida es la cara visible de una economía que crece en macro, pero no llega al bolsillo del ciudadano de a pie. Y la corrupción… la corrupción es la madre que los cobija a todos.
Expertos y analistas llevan años advirtiendo que el problema de fondo es más profundo que un mal funcionario o un gobierno de turno. Se trata de una crisis de valores. El documental La Gran Oportunidad plantea una tesis escalofriante: la crisis educativa y moral empuja a la sociedad dominicana hacia una «supervivencia vegetativa». La educadora Denisse Espaillat recuerda una decisión nefasta del pasado: «Por muchos años se quitó la materia de Moral y Cívica del currículo y eso afectó mucho», creando generaciones desconectadas de la formación del carácter. Cuando no hay una brújula ética interior, es fácil que la ciudadanía y, sobre todo, sus líderes, caigan en la tentación del atajo y el enriquecimiento ilícito.
El coctel maldito: bonos que endulzan a unos y amargan a todos
Aquí es donde entramos al terreno de lo que usted denomina acertadamente el «coctel maldito». Tradicionalmente, se nos ha vendido la idea de que el aumento del presupuesto es sinónimo de progreso. Pero, ¿de dónde sale realmente ese dinero?
La respuesta incómoda es que no sale de una máquina de impuestos más eficiente o de una base de contribuyentes más amplia. Sale de la emisión de bonos soberanos, instrumentos de hacienda y certificados del Banco Central. En 2025, por ejemplo, el Gobierno concretó una emisión de bonos por USD 1,600 millones a 10 años, con una tasa del 5.875%, en un contexto que las autoridades calificaron como «altamente competitivo».
Si bien el gobierno celebra la «confianza de los inversionistas» y destina esos fondos a proyectos de infraestructura, salud y educación, el otro lado de la moneda es menos glamoroso. Este mecanismo de financiamiento crea una peligrosa dependencia. Se necesita dinero para tapar los agujeros del déficit fiscal, y en lugar de hacer reformas estructurales (como una reforma fiscal integral o una lucha real contra la evasión), se opta por la «tarjeta de crédito» internacional.
El problema se agrava cuando esta dinámica se convierte en el negocio de unos pocos. Los certificados del Banco Central y otros instrumentos de deuda interna son a menudo un caramelo para inversionistas locales y extranjeros que buscan rentas seguras, pero representan una losa para las finanzas públicas, ya que el Estado paga intereses que podrían destinarse a servicios básicos.
Este es el coctel perfecto para el enriquecimiento de la clase política y empresarial. ¿Cómo? A través de la sobrevaloración de contratos para obras públicas financiadas con esos bonos, la falta de transparencia en las licitaciones y la creación de un entramado donde los políticos de turno y sus amigos empresarios se reparten el pastel de la deuda, mientras la ciudadanía hereda la factura.
La desaparición de la ética y el dúo de la impunidad
El filósofo y comunicador Alfonso Quiñones lo sentencia sin rodeos: «Todos deberíamos volver a la escuela a aprender una sola cosa: ética; todo el mundo tiene que tener una idea de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto». Sin embargo, en el Olimpo del poder, esa línea entre lo correcto y lo incorrecto se ha diluido.
La historia reciente está salpicada de escándalos que rara vez llegan a una condena ejemplar. El caso del exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, arrestado en 2024 por presuntamente aceptar 3.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Embraer, es solo la punta del iceberg. Detrás de él, se asoma el espectro de Félix Bautista, un poderoso senador del PLD investigado por supuesta malversación de fondos en Haití y que, lejos de ser castigado, ha sido reelecto con una de las votaciones más altas del país.
Estos casos dibujan un cuadro de impunidad sistémica. El analista Rafael Cox Alomar lo explica sin tapujos: «La ausencia total de un sistema de pesos y contrapesos, junto con una ausencia generalizada de transparencia, ha criado en República Dominicana una subcultura de impunidad perversa».
Y en esta danza, el sector privado no es un simple espectador; es un protagonista activo. La corrupción es un problema transversal. Si no hay empresarios dispuestos a sobornar para ganar una licitación, no hay funcionarios corruptos que enriquezcan. La aceptación de estas prácticas como «normales» o «parte de los negocios» es el combustible que mantiene vivo este círculo vicioso.
¿Qué hacer? Más allá de la crisis de valores
El diagnóstico es sombrío, pero no irreversible. Escuchar a la ciudadanía implica entender que no queremos más discursos, queremos acciones. Ante este panorama, quien aspire a gobernar (o a seguir gobernando) debe presentar un plan claro que responda a estas tres premisas:
1. Desarticular el coctel financiero: Es urgente una reforma fiscal integral que amplíe la base tributaria y reduzca la dependencia del endeudamiento. No es posible que el presupuesto crezca a lomo de bonos mientras miles de dominicanos carecen de servicios dignos. Se necesita una ley de responsabilidad fiscal que ponga un candado al endeudamiento desmedido y garantice que cada peso prestado se invierta con la transparencia de un cristal.
2. Romper el dúo político-empresarial: Esto implica fortalecer las instituciones de control, como la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Compras y Contrataciones. Debemos exigir que sean dirigidas por perfiles técnicos y no por cuotas partidarias. Además, se requiere una justicia independiente que no solo arreste a los peces pequeños, sino que llegue a los «peces gordos» y a los empresarios que los financian, aplicando sanciones ejemplares. La creación de un sistema de compliance y denuncias anónimas en las empresas privadas, como sugiere el análisis de Vanguardia del Pueblo, sería un paso de gigante para cerrar la llave de la corrupción desde su origen.
3. Reconstruir el tejido moral: No habrá cambio duradero sin recuperar la ética como adorno del servidor público… y del ciudadano común. Esto implica volver a poner la educación cívica y moral en el centro del currículo escolar. No basta con enseñar matemáticas; hay que enseñar a pensar, a discernir entre el bien y el mal, y a entender que lo público es de todos.
Un país que no educa en valores está condenado a reproducir liderazgos carentes de ellos.
Iván Gatón, en el documental mencionado, lanza una advertencia que debería helarnos la sangre: «Ninguna civilización ha sobrevivido cuando su élite política es corrupta y cuando la mayoría de su población existe meramente vegetativa».
La República Dominicana está a tiempo. Pero para ello, necesitamos líderes que hablen claro, que nos expliquen por qué nos endeudamos, que pongan la cara cuando un familiar o un amigo empresario es señalado por corrupción, y que entiendan que la política no es un trampolín para el enriquecimiento personal, sino la más alta forma de servicio.
Si no hay claridad, si no hay integridad, si no hay ética, entonces no hay voto que valga. Porque votar por la continuidad de este sistema es condenarnos a ser cómplices de nuestro propio declive. Ha llegado la hora de exigir, de una vez y por todas, un pacto ético que ponga al país por encima de los intereses de unos pocos.