En República Dominicana, hablar de machismo suele limitarse a la conducta individual: al hombre que controla, agrede o humilla; al hombre violento. Pero el problema es más estructural y profundo. El machismo también está incrustado en las instituciones, en las leyes, en las decisiones políticas y en la forma en que el Estado se relaciona con las mujeres.
Y no lo veo desde una óptica feminista, sino desde la igualdad de oportunidades.
Las estadísticas son el reflejo más duro: el país mantiene una de las tasas más altas de feminicidios de la región, y cada año miles de mujeres denuncian violencia sin encontrar protección real. Pero lo más alarmante no es solo la violencia física, sino la violencia institucional: aquella que se ejerce cuando el sistema falla, minimiza o ignora.
El Estado predica igualdad, pero actúa con sesgos. Las políticas públicas de género son fragmentadas; presupuestos mínimos y muchas instituciones reproducen patrones patriarcales en su interior. Las mujeres siguen enfrentando barreras invisibles para ascender en cargos públicos, y en los espacios de poder, siguen predominando los mismos rostros masculinos de siempre.
El machismo institucional también se manifiesta en la justicia. En la Policía, muchas son revictimizadas; en los hospitales, muchas veces se juzga antes de atender; en las escuelas, los estereotipos siguen enseñándose como norma.
Todo esto responde a ideal de poder que no se ha querido desmontar. La igualdad de género no puede seguir siendo un discurso bonito para conmemorar el 8 de marzo, sino una política transversal que atraviese todas las instituciones.
El Estado debe ser el primero en dar ejemplo, garantizando protocolos reales, educación con enfoque de género (no libertinaje, ni sexualismo), acceso igualitario a la justicia y participación equitativa en la toma de decisiones.
Mientras la institucionalidad siga operando desde la lógica del poder masculino, no habrá verdadera igualdad.
