El derrumbe de los intocables
Elvin Castillo | | 3 mins de lectura 
Panorama opinión. El reciente debate en República Dominicana sobre las declaraciones del gobierno de Estados Unidos respecto a la USAID ha destapado una verdad incómoda: algunos comunicadores que durante años fueron considerados emblemas de la ética y la lucha contra la corrupción hoy están en entredicho. Más allá de la controversia sobre si recibieron financiamiento extranjero, lo innegable es su alineación con agendas foráneas y su cambio de actitud tras la salida del PLD del poder. Esta realidad ha llevado a muchos dominicanos a cuestionar la verdadera independencia de estos supuestos guardianes de la moral.
Según lo señalado por el gobierno norteamericano, la USAID habría financiado periodistas en unos 30 países para desestabilizar gobiernos y promover ciertas ideologías, incluyendo la agenda LGTB. Independientemente de que esto pueda probarse o no, lo cierto es que varios comunicadores que alguna vez admiramos han coincidido en respaldar posturas como la haitianización del país, la legalización del aborto y la deconstrucción de la familia tradicional.
Figuras como Marino Zapete, Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar y Amelia Deschamps se convirtieron en símbolos de la lucha contra la corrupción durante los gobiernos del PLD, ganándose el reconocimiento popular por su aparente independencia. Sin embargo, con la llegada del actual gobierno, su tono cambió drásticamente: algunos redujeron su nivel de criticidad y otros, simplemente, desaparecieron del debate público. Lo que antes era una cruzada implacable contra la corrupción, ahora se ha transformado en un sospechoso silencio o en la justificación de las mismas prácticas que antes condenaban.
Han vuelto con la idea de plantear una regulación del contenido en las redes sociales a raíz del debate que se ha generado recientemente, y resulta que ahora todo el mundo está escandalizado con los cuestionamientos que se hacen en las redes después de haber llegado al poder diciéndole de todo a todo el mundo sin ningún tipo de censura ni demandas. Han hecho varios intentos distintos de coartar la libertad de expresión y ahora han querido aprovechar la coyuntura para volver a intentarlo, pero no podrán, porque aquí no hay locos y todo el mundo sabe la realidad que hay detrás de la nueva intentona: limpiar la imagen de quienes por sí mismos la dañaron con sus posturas anti República Dominicana.
La contradicción es evidente y, tras las declaraciones del gobierno estadounidense, una parte significativa del pueblo dominicano ha comenzado a preguntarse si estos comunicadores eran realmente independientes o si, en realidad, operaban como piezas dentro de un engranaje financiado desde el exterior para promover agendas ajenas a los intereses nacionales. La respuesta de los señalados ha sido de indignación, negando cualquier vínculo y amenazando con acciones legales contra quienes los cuestionen.
Pero más allá de la existencia o no de pruebas concretas sobre el financiamiento extranjero, lo irrefutable es su comportamiento: la defensa inquebrantable de políticas impopulares para la mayoría del pueblo dominicano y su repentino mutismo cuando el gobierno que criticaban cedió el poder. La famosa Marcha Verde, que en su momento se presentó como un movimiento ciudadano contra la corrupción, terminó revelándose como un instrumento político con un objetivo claro.
Estos periodistas, que durante años gozaron del privilegio de acusar sin presentar pruebas contundentes, deben entender que el pueblo dominicano tiene el mismo derecho a cuestionarlos y a repudiar su incoherencia. La doble moral ha quedado al descubierto y, aunque intenten desviar la atención con amenazas y desmentidos, el daño ya está hecho: la confianza que alguna vez inspiraron ha sido rota.
La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva. Si hay políticos y empresarios corruptos, que se les investigue y se les quite lo robado, sin importar el partido. Pero también es momento de que los “templos de la moral” sean señalados con la misma severidad que ellos usaron contra otros. La traición a la confianza del pueblo no puede quedar impune.
