Cuando las cuentas no cuadran: declaración jurada, fallas de control y preguntas abiertas en caso Senasa

La corrupción gubernamental suele percibirse como una suma de actos aislados de deshonestidad. Un funcionario que roba, un contrato amañado, una licitación fraudulenta. Sin embargo, el pensamiento intelectual y político, a lo largo de la historia, ha insistido en una lectura más profunda y menos complaciente: la corrupción no es una anomalía ocasional, sino una enfermedad sistémica, incubada en estructuras débiles, controles laxos y una cultura de impunidad.

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. La célebre sentencia del historiador inglés John Dalberg-Acton no se refiere a individuos perversos por naturaleza, sino a la dinámica misma del poder cuando no encuentra límites ni contrapesos efectivos. Esta advertencia, formulada en el siglo XIX, resuena hoy con fuerza en uno de los casos de presunta corrupción estatal más significativos registrados en República Dominicana en los últimos años: el escándalo que envuelve al Servicio Nacional de Salud (Senasa) y a su exdirector ejecutivo, Santiago Hazim.

Lo ocurrido en Senasa no solo expone posibles actos de enriquecimiento ilícito y desfalco al Estado, sino que deja al descubierto fallas estructurales de supervisión, fiscalización y seguimiento en el sistema de control patrimonial dominicano. O, dicho de forma más cruda, evidencia las complicidades y omisiones de un aparato institucional que parece corroído desde sus cimientos.

 La corrupción en República Dominicana ha dejado de ser una serie de eventos aislados para convertirse en una coreografía institucionalizada. No es un error del sistema; es, para muchos, el sistema mismo funcionando a pleno rendimiento.

El caso de Santiago Hazim y su gestión al frente de Senasa no es solo un expediente judicial; es el síntoma de una enfermedad sistémica que la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público intentan diagnosticar en un cuerpo institucional que parece resistirse.

Dos documentos, una misma historia… y demasiadas contradicciones

El 14 de diciembre de 2025 marcó un hito en la cronología de la impunidad dominicana. Ese día, un tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Senasa. El juez, tras analizar cientos de páginas de evidencia, consideró que los indicios de enriquecimiento ilícito y desfalco al Estado eran lo suficientemente sólidos como para privar de libertad a quien, hasta hace poco, caminaba por los pasillos del palacio gubernamental con la seguridad que otorga el decreto.

Pero ¿cómo se llega de la dirección de una de las entidades más sensibles del Estado al banquillo de los acusados? La respuesta no está en un solo cheque mal firmado, sino en una estructura paralela de ingresos que, según el Ministerio Público, operaba en la sombra, lejos de los ojos de la fiscalización estatal.

Para entender la dimensión del caso, basta con contrastar dos fuentes oficiales: por un lado, la Declaración Jurada de Patrimonio presentada por Santiago Hazim ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD); por el otro, el extenso expediente del Ministerio Público, que sirvió de base para solicitar la medida de coerción en su contra.

La comparación entre ambos documentos revela discrepancias notorias. Mientras la declaración jurada describe ingresos derivados de salarios y actividades profesionales, el Ministerio Público sostiene haber identificado una estructura paralela de ingresos millonarios no declarados, presuntamente vinculados a sobornos, facturación falsa y uso de testaferros.

El contraste no solo plantea interrogantes sobre la conducta del exfuncionario, sino también sobre la eficacia real de los mecanismos de control del Estado. ¿Cómo pudo pasar inadvertido un crecimiento patrimonial que hoy genera tanta alarma judicial?

La medida de coerción y el inicio formal del escándalo

La Declaración Jurada de Patrimonio es, en teoría, el espejo de la honestidad de un funcionario. Sin embargo, en manos de quienes dominan el arte del ocultamiento, se convierte en una obra de ficción. El documento depositado por Hazim ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana es un catálogo de activos que, a primera vista, ya resultaba imponente, pero que, al ser contrastado con la realidad, revelaría grietas profundas.

El 14 de diciembre un tribunal dominicano dictó prisión preventiva contra el exfuncionario. El juez consideró que existían elementos suficientes para profundizar en la investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito y desfalco al Estado, en el marco de su gestión al frente de Senasa.

A partir de ese momento, la Declaración Jurada de Patrimonio del exdirector ejecutivo adquirió una relevancia central en el debate público y judicial.

¿Qué declaró Santiago Hazim?

Según el documento público depositado ante la Cámara de Cuentas, Hazim reportó una serie de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y activos diversos, tanto a su nombre como al de su cónyuge, con quien mantiene un régimen matrimonial de comunidad de bienes.

Entre los bienes declarados figuran tres residencias a nombre de su esposa, ubicadas en Estados Unidos y España, adquiridas entre los años 1990 y 2020, así como un solar en la República Dominicana comprado en 2007. Dos de estas residencias y el solar fueron valorados en RD$7,550,000 cada uno, mientras que la vivienda en España fue tasada en RD$24,000,000.

A su nombre personal, Hazim declaró una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales adquiridos en 1994 y 2001, valorados en RD$5,850,000 cada uno; y un edificio registrado en 2004 por RD$1,700,000.

En materia de vehículos, figura como propietario de dos jeepetas Lincoln, adquiridas en 2013 y 2020, valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575. además, un automóvil Fiat del año 2010, valorado en RD$487,727.24, y un jeep Toyota, con un costo de RD$813,373.44.

La declaración también consigna una pistola automática Walther, Carl GMBH, valorada en RD$120,000, así como electrodomésticos por un monto global de RD$9,067,500 y prendas, relojes, joyas y otros artículos de lujo por RD$40,950,000.

En el plano financiero, el informe registra nueve cuentas bancarias, de las cuales Hazim figura como titular en tres, con montos que alcanzan hasta RD$1,189,657.17.

Desde 1993 hasta 1999, el exfuncionario aparece como accionista en empresas nacionales, con valores que van desde RD$150,000 hasta RD$186,500,000. Durante su gestión en Senasa, entre agosto de 2020 y agosto de 2025, su salario neto rondaba los RD$310,976.10 mensuales, además de los honorarios profesionales en el Centro Médico UCE, por RD$285,000.

La declaración también refleja gastos mensuales de RD$384,515 y deudas acumuladas por RD$1,039,377.

La versión del Ministerio Público y la defensa

El documento patrimonial adquirió mayor notoriedad tras las declaraciones públicas del abogado defensor, Miguel Valerio, quien ha sostenido que ciertos bienes cuestionados —como una villa en Casa de Campo y un apartamento— están debidamente documentados y justificados mediante préstamos.

El Ministerio Público, sin embargo, habla de “serias incongruencias”. Afirma que Hazim habría utilizado maniobras de ocultación patrimonial, recurriendo a su esposa y a empresas relacionadas para canalizar fondos, adquirir bienes y ocultar al beneficiario final.

Incluso se infiere que recibió regalos de alto valor, como vehículos de lujo, por parte de empresarios antes de ser designado oficialmente en el cargo, como una forma de asegurar beneficios futuros.

Las cuentas, a simple vista, no cuadran. La pregunta inevitable es:
¿los organismos de control no podían detectar estas irregularidades de manera preventiva?

Bienes, trazabilidad y vacíos documentales

El expediente del Ministerio Público, que supera las 500 páginas, menciona bienes y activos específicos como evidencia de lavado de activos y conversión patrimonial. No obstante, no presenta un inventario detallado de bienes incautados, con numeración, custodia y matrícula, como ocurre en otros procesos.

Uno de los ejemplos más citados es la adquisición de una Lincoln Navigator Premiere 4WD, año 2020, comprada el 29 de junio de 2020 mediante transferencia bancaria desde una cuenta a nombre de la esposa del imputado. Para la Fiscalía, el origen del dinero estaría vinculado a un esquema de sobornos y desvíos.

Este hecho es utilizado no solo como dato patrimonial, sino como evidencia de conversión de activos y ocultamiento del origen ilícito, reforzando la tesis de lavado de activos mediante terceros o testaferros.

La sombra de la Operación Medusa y otros fantasmas

El caso Senasa no es una excepción en la historia reciente del país. La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio ha sido clave en múltiples procesos judiciales de alto perfil.

Por tanto, el caso Hazim no es un fenómeno aislado, sino el capítulo más reciente de una antología del presunto desfalco. Para entender la magnitud de lo que ocurre en Senasa, se debe mirar hacia atrás, a otros procesos donde la Declaración Jurada fue el hilo del cual tiró la justicia.

La Operación Medusa, que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez, es quizás el ejemplo más emblemático de presunta falsedad en declaraciones juradas, con omisión de bienes, empresas y cuentas bancarias.

La Operación Antipulpo, aunque encabezada por un civil, involucró a funcionarios cuyas declaraciones no reflejaban el incremento patrimonial derivado de contratos amañados.

Más recientemente, el caso de la fiscal Hosanna Isis Lemoine, en Montecristi, puso en evidencia la fragilidad del sistema cuando declaró una vivienda valorada en RD$6,000 millones, una cifra superior incluso al patrimonio del presidente de la República.

Cómo se detectan las “pifias”

Históricamente, la Cámara de Cuentas (CCRD) era percibida como un cementerio de expedientes. Sin embargo, la modernización de los procesos de «cotejo» ha cambiado las reglas del juego. Ya no se trata de una revisión manual de papeles, sino de un cruce masivo de datos digitales que no deja espacio para la mentira simple.

Cuando un funcionario deposita su declaración, se activa un protocolo de fiscalización que involucra tres pilares: La Dirección General de Impuestos Internos (DGGII), para comprobar si las propiedades y empresas declaradas coinciden con el pago del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI).

Además, la Superintendencia de Bancos, quien, mediante órdenes judiciales, levanta el velo del secreto bancario. Aquí es donde mueren las «deudas fantasmas». Los investigadores comparan los balances reales con lo reportado, y la Jurisdicción Inmobiliaria, que es el radar para detectar inmuebles «olvidados» a nombre del cónyuge o de sociedades de carpeta.

La fórmula del Ministerio Público es implacable: si el resultado de esta ecuación deja un excedente de millones de pesos sin justificación de herencias o premios de azar, la presunción de enriquecimiento ilícito se vuelve una realidad jurídica.

«Luces rojas»: tácticas comunes de ocultamiento

A pesar de los controles, los funcionarios corruptos han desarrollado una maestría en la simulación. El análisis de las auditorías de la Cámara de Cuentas revela patrones de comportamiento que se repiten en casi todos los casos de alto perfil. Las deudas con «personas físicas», por ejemplo, se cita como una de las tácticas más burdas pero frecuentes. El funcionario declara una deuda millonaria con un «amigo» o un prestamista no regulado. ¿El objetivo? que su patrimonio neto parezca bajo durante su gestión. Al salir del cargo, utiliza el dinero del soborno para «pagar» esa deuda inexistente, lavando así el capital ilícito.

Pero, además, están las ventas de activos sobrevalorados. Imaginen a un funcionario que posee un terreno rural valorado en un millón de pesos. Justo antes de una auditoría, reporta la venta de ese terreno por diez millones. Esta «plusvalía milagrosa» se utiliza para introducir dinero en efectivo proveniente de la corrupción al sistema bancario bajo una apariencia de legalidad.

Finalmente, están las empresas “Lázaro». Son sociedades comerciales que han estado inactivas o reportando pérdidas durante años ante la DGII. De repente, cuando el dueño asume un cargo público, la empresa «resucita» y comienza a recibir contratos millonarios o a reportar utilidades extraordinarias. Es el esquema preferido para canalizar los beneficios de los proveedores del Estado.

El costo de la laxitud institucional

El caso de Santiago Hazim en el Senasa deja una pregunta inquietante en el aire: ¿Por qué no se actuó de manera preventiva? Si las discrepancias entre su estilo de vida y sus ingresos eran tan notorias, ¿dónde estaban los órganos de control interno?

La respuesta reside en la «debilidad de diseño» del Estado. Como bien señalaba Rigoberta Menchú, la corrupción florece donde los poderes no tienen contrapesos reales. Un sistema donde el fiscalizador depende políticamente del fiscalizado es un ecosistema estéril para la transparencia.

En la actual gestión (2020-2024), se han visto suspensiones masivas de funcionarios —hasta 36 en un solo bloque en 2020— por no presentar sus declaraciones a tiempo. Pero la suspensión es un remedio administrativo para un mal criminal. La verdadera justicia llega cuando la Ley 311-14 se aplica con todo su peso.

El ciudadano como última frontera

La corrupción gubernamental, como advertía José Saramago, no ocurre en un vacío. Es el reflejo de una sociedad que, a veces por cansancio y otras por cinismo, ha decidido mirar hacia otro lado. El caso de Hazim es un recordatorio de que la «renuncia» del ciudadano a vigilar es el combustible que alimenta la maquinaria de la impunidad.

Combatir este flagelo requiere una arquitectura institucional que asuma la fragilidad humana y limite el poder mediante la tecnología y la ley. Pero, sobre todo, requiere una vigilancia constante. La integridad de República Dominicana no depende de la llegada de un líder providencial que no robe, sino de un sistema tan robusto que haga imposible el robo sin consecuencias.

Mientras el proceso judicial contra la gestión del Senasa avanza por los laberintos del Palacio de Justicia, la sociedad dominicana queda a la espera de ver si, esta vez, el espejo de la declaración jurada reflejará la verdad o si seguirá siendo el velo que cubre el desfalco de los recursos que debieron salvar vidas, pero terminaron comprando lujos.