Cientos de desalojados que habitan en escuela en construcción imploran piedad del Gobierno

«¡Ayúdenos, por favor, que no aguantamos más!» es el desesperado clamor que se escucha entre los moradores de Los Coquitos, un sector en el municipio de Los Alcarrizos. Estas voces pertenecen a una comunidad compuesta por unas 389 personas que, hace tres años, sufrieron un desalojo forzoso del barrio Freddy Beras Goico. Hoy, sus vidas están marcadas por la miseria y la desesperación.

Contaron a Panorama que, en aquel entonces, una inesperada orden de desalojo los dejó sin hogar y sin opciones. La mayoría de estas familias se vieron obligadas a trasladarse a una escuela a medio construir, buscando refugio en sus frágiles paredes. El edificio inacabado, lejos de ofrecerles una solución, se convirtió en el escenario de nuevas dificultades.

Entre la basura y el mal olor que impregnan el ambiente, los desalojados enfrentan el hacinamiento que agrava sus ya precarias condiciones de vida. Incluso satisfacer las necesidades humanas básicas es un problema, ya que solo cuentan con baños portátiles que, al llenarse, deben defecar en fundas y tirarlas al monte. Lo mismo ocurre con el aseo personal: se bañan al aire libre debajo de una llave, sin ninguna privacidad.

Tal es el caso de la señora María Henríquez, de 68 años, quien vive en una casucha de madera improvisada en el terreno. Sus pertenencias están todas juntas debido a que el espacio físico es muy pequeño, y además debe compartirlo con uno de sus hijos, quien está en silla de ruedas. Él perdió una pierna a causa de un accidente, sufre de epilepsia y tiene problemas de salud mental. María afirmó que la manera en que viven agrava su situación.

“Yo soy una mujer sola y puedes ver cómo es que vivo, ni siquiera tenemos bien en dónde realizar las necesidades; para sobrevivir vendo botellas porque en el Ayuntamiento (donde trabaja) sólo me sale RD$3,700 que no da para mucho”, agregó.

Las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y la malaria, se propagan rápidamente en un entorno donde la falta de salubridad es la norma. La constante humedad ha causado la aparición de hongos en la piel de muchos residentes ya que atrás de la construcción hay una pequeña cañada donde desemboca el desagüe residual, añadiendo otro nivel de sufrimiento a su día a día.

María Frías corrobora la precaria y grave situación que les ha tocado vivir. Narró que, su vida ha dado un cambio del cielo a la tierra porque hace 11 años, vivía en un sector normal con su hogar propio y establecido, pero todo quedó en el pasado.

“Vivimos en una forma muy mala y pésima, porque ya uno viviendo en un hogar, con tu habitación donde tú tienes tu privacidad, tu cocina, donde tus niños tienen su confort tranquilo, vienen y destruyen en un segundo lo que por tanto tiempo te tocó construir, todo tu esfuerzo derrumbado en un segundo. Lo que nos hicieron fue un atropello, aquí se han muerto gente de tristeza y depresión, nosotros vivimos que ni los animales merecen vivir así”, añadió Frías.

La falta de una vivienda digna no solo afecta la salud física de cada morador, sino también su bienestar emocional. Las familias viven con la angustia de no tener un lugar seguro al que llamar hogar. A pesar de las adversidades, la comunidad se mantiene unida, luchando por mejorar su situación y buscando la ayuda que tanto necesitan.

Esa misma intranquilidad afecta a la señora Mayra Hernández, madre soltera de cuatro adolescentes. Relató que vivió cinco años en el sector Freddy Beras Goico, donde tenía su casa organizada, y que hoy día no encuentra la manera de brindarles a sus hijos una vivienda digna.

“Aquí nos sentimos demasiado incómodos, no hay espacio para uno cocinar bien, soy madre de cuatro niños, de 15,17,16 y 13 años y para yo sobrevivir con mis hijos lo que hago es que limpio casas y necesitamos que por favor nos ayuden”, manifestó.

Cómo se produjo el desalojo

El comunitario Manuel R. Trinidad narró a Panorama, que el desalojo se produjo un 6 de marzo del 2021 a 389 familias, en horas de la madrugada y sin previo aviso; narran que de un momento a otro se vieron rodeados de militares, quienes llegaron con palas en manos y comenzaron a destruir las viviendas, y las personas tuvieron que salir como estaban vestidos.

Familias completas con envejecientes y niños pequeños en brazos, salieron para protegerlos y que no sufrieran daño; ellos lo perdieron todo, sus ajuares por los que trabajaron durante años sólo pudieron observar cómo destruían lo que antes llamaban hogar.

“Cada persona le abonaba al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de un 35, 50 a 70 por ciento al terreno donde estaba viviendo, y la mayoría teníamos papeles que nos acreditaba por el CEA, quienes eran los propietarios de ese terreno, entonces vino una persona, Alex Caba, hijo de Rafael Linares Caba, haciéndose dueño del terreno, pagando 8.5 millones de pesos a las instituciones para desalojarnos, para echarnos a la calle y estar aquí en la miseria donde vivimos”, afirmó.

Han buscado ayuda

Los comunitarios alegan que han agotado todo lo que tienen a su alcance para ser escuchados. Han acudido autoridades como el Senado donde depositaron documentos explicando la situación y recibieron la visita de manera personal del senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras.

“El último en saber las cosas sería el presidente Luis Abinader, ya que él fue el primero de su gabinete y gobierno en enterarse de este desastre, causado por una persona que sobornó a la autoridad pública, la cual afirmó haber gastado 8.5 millones de pesos para poder cometer esa masacre. Porque es un asesinato tener a cada una de estas personas aquí”, añadió Trinidad.

Asimismo, han realizado huelgas de hambre y acudido a todos los medios de prensa para dar a conocer su caso. De esas 389 familias que fueron desalojadas, hoy en día solo quedan menos de 100, porque la mayoría se ha enfermado y muerto, y otros se han mudado porque no aguantaron la situación.

El llamado de auxilio de estas familias no puede ser ignorado. Su clamor es un recordatorio de las consecuencias humanas de las políticas de desalojo sin planes de reubicación adecuados. La comunidad de Los Coquitos sigue esperando una respuesta, una solución que les devuelva la dignidad y la seguridad que perdieron hace tres años.

Promesa sin cumplir

Tras realizar diversas reuniones con las autoridades y con el presidente Luis Abinader, se llegó a una deliberación en la que se estableció al senador Antonio Taveras como el enlace del gobierno con los desalojados para dar seguimiento a la problemática. Sin embargo, todo se ha quedado en promesas, pues no se han vuelto a reunir, no les han dicho que los van a reubicar ni que van a construir apartamentos dignos para que puedan establecerse.

En marzo se cumplió tres años del desalojo, han hecho huelga de hambre, se han encadenado y no han recibido la atención de las autoridades.