Brote de gusano barrenador amenaza la economía ganadera en Nicaragua
Medios Panorama | | 3 mins de lectura 
Panorama Internacional. La propagación de la plaga ha ocasionado pérdidas económicas considerables, con efectos negativos en la producción, el comercio exterior y los costos sanitarios del sector ganadero, además del aumento de casos humanos y animales infectados.
El avance del gusano barrenador en Nicaragua ha supuesto una inversión superior a 1,200 millones de córdobas (USD 32.8 millones) en dos años, sin que las autoridades logren frenar la propagación de la plaga.
Desde la declaración de alerta sanitaria en abril de 2024, el brote ha mantenido una tendencia ascendente tanto en animales como en personas. Solo en marzo de este año, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) reportó 323 casos humanos, lo que supuso 52 contagios más que en febrero.
Las autoridades han contabilizado 29,241 animales infectados en marzo, siendo la especie bovina la más golpeada, con 19,946 ejemplares afectados.
La plaga también afecta a porcinos, caninos, equinos, ovinos, caprinos, aves y fauna silvestre. El impacto económico se refleja en la reducción del peso de los animales y el aumento en los gastos de medicamentos, a lo que se suma la amenaza de restricciones comerciales y sanciones en mercados internacionales.
Según datos reportados por Confidencial.digital, la expansión del gusano barrenador ha generado alarma en el sector ganadero, que enfrenta presiones crecientes para mantener la sanidad y la productividad.
Frente a este panorama, el Gobierno activó el Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Agropecuaria y estableció zonas de cuarentena.
El despliegue oficial, liderado por el director ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba, ha incluido reuniones con productores y la intervención en 157,937 fincas y 15,406 viviendas para acciones de vigilancia y control. Además, se han realizado 3,800 charlas informativas para personal de seguridad, salud y educación.
La estrategia principal para combatir la plaga consiste en el “esparcimiento de moscas estériles” y la aplicación de productos químicos, como sprays con azul de metileno.
Sin embargo, la percepción entre los ganaderos es de incertidumbre y desinformación. Productores consultados confiesan que, aunque reciben visitas de técnicos y entregas ocasionales de insumos, el acompañamiento es irregular y la comunicación institucional resulta insuficiente.
“A veces recibo visitas de los técnicos, pero tardan mucho en regresar”, admitió uno de ellos. Otro productor resumió la inquietud general: “Los productores suponen que han soltado esas moscas esterilizadas que ayudan a controlar la plaga, pero no tienen certeza de nada”.
La actividad económica de México cayó un 0,3 % interanual en enero de 2026, arrastrada principalmente por la caída en el sector secundario, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Fotografía de archivo. EFE/ Luis Torres
La actividad económica de México cayó un 0,3 % interanual en enero de 2026, arrastrada principalmente por la caída en el sector secundario, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Fotografía de archivo. EFE/ Luis Torres
El presupuesto asignado al IPSA muestra un crecimiento constante: en 2023, la partida fue de 558.6 millones de córdobas (USD 15.3 millones), mientras que en 2024 aumentó a 631.8 millones (USD 17.2 millones), de los cuales se ejecutaron 603.1 millones (USD 16.4 millones). Para 2025 y 2026, los montos previstos son 604.1 millones (USD 16.4 millones) y 622.2 millones de córdobas (USD 16.9 millones) respectivamente, con el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica y erradicar el gusano barrenador.
De acuerdo con información publicada por Confidencial.digital, estos incrementos presupuestarios han sido acompañados de ampliaciones para servicios y reparaciones de infraestructura, aunque la transparencia y la eficacia de su uso siguen siendo cuestionadas por los productores.
La persistencia de la plaga y las dudas sobre la eficacia de los programas oficiales mantienen en vilo a los sectores afectados. El riesgo de multas, mayores controles sanitarios y restricciones en el acceso a mercados internacionales sigue latente, mientras productores y comunidades rurales insisten en la necesidad de una respuesta más clara, integral y transparente por parte de las autoridades.
