La Contraloría General de la República ha realizado una exhaustiva auditoría interna al Ministerio de la Juventud, revelando una serie de irregularidades. Entre las principales anomalías detectadas se encuentra un caso de sabotaje electrónico, el pago de salarios a una empleada en tres nóminas diferentes y el alquiler de locales sin utilizar.
El sabotaje electrónico, que tuvo lugar el 2 de marzo de 2021, resultó en la eliminación de aproximadamente 106 terabytes de datos del servidor de directorios compartidos del Ministerio de la Juventud. La investigación realizada por el CESIRT-RD señala como responsable del incidente al Analista de Sistemas, Llenki de Jesús Báez Núñez. Tras ser detenido preventivamente, el caso fue transferido al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat).
Según el informe de auditoría, el sabotaje fue llevado a cabo por el Analista de Sistemas con el objetivo de continuar ejecutando sus acciones fraudulentas. Ante este suceso, el Ministerio de la Juventud presentó una querella formal con solicitud de imposición de medida de coerción, considerando la gravedad de los actos cometidos.
Además del sabotaje, la Contraloría identificó otras 16 irregularidades en el Ministerio de la Juventud durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, bajo la dirección de Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez.
Asimismo, se detectó el pago de arrendamiento de locales que no eran utilizados por el Ministerio de la Juventud, lo que representa un desperdicio de fondos públicos y una falta de transparencia en la gestión administrativa.
El informe fue dirigido al actual ministro de la Juventud, Rafael Jesús Feliz García, quien ha recibido las recomendaciones correspondientes para tomar las medidas necesarias y garantizar una gestión más eficiente y transparente en el Ministerio de la Juventud.